Más de 20 millones de argentinos tienen algún tipo de financiamiento y unos 5,3 millones acumulan una deuda superior a los 90 días. Mientras la morosidad de los hogares se acerca a niveles récord, hay más de 30 proyectos en el Congreso que proponen desde refinanciaciones y límites a las tasas hasta un régimen de segunda oportunidad. El problema ya salió del Parlamento y llegó a la calle, pero la discusión central sigue sin respuesta: ¿quién absorbe el costo de rescatar al deudor?
La crisis de endeudamiento de las familias argentinas dejó de ser una discusión exclusivamente financiera. El deterioro de la capacidad de pago ya tiene impacto político y social: el jueves, organizaciones de personas endeudadas, la CGT, las dos CTA, la UTEP y movimientos sociales marcharon hasta el Ministerio de Economía para reclamar una respuesta frente al crecimiento de las deudas familiares. La protesta puso en escena a un actor que hasta hace poco aparecía de manera dispersa en las estadísticas: el deudor como colectivo.
Los números explican por qué el tema ganó espacio. Según el Monitor mensual de crédito a las familias elaborado por la Universidad Austral y EcoGo sobre información de la Central de Deudores del BCRA, la mora consolidada alcanzó en junio el 17,5% del monto total del crédito otorgado a personas físicas, frente al 3,6% de diciembre de 2024. Son 20 meses consecutivos de deterioro. A la vez, unos 20,4 millones de personas tienen algún tipo de financiamiento y alrededor de 5,3 millones acumulan atrasos superiores a 90 días.
El fenómeno tampoco se limita a los bancos. El deterioro es especialmente fuerte en el crédito otorgado por proveedores no financieros, un universo que incluye distintos actores del ecosistema digital. La mora fuera del sistema financiero tradicional supera el 30%, según el relevamiento de Austral y EcoGo.
Más de 30 proyectos, distintas formas de atacar el problema de la deuda
La cantidad de iniciativas parlamentarias muestra que el diagnóstico ya llegó al Congreso, aunque no existe consenso sobre cuál debería ser la respuesta. En Diputados aparecen proyectos que plantean una emergencia crediticia de los hogares, un régimen integral de prevención del sobreendeudamiento y una segunda oportunidad para las personas físicas, además de iniciativas específicas para reestructurar deudas de consumo.
Uno de los caminos propuestos es crear un régimen de desendeudamiento y reestructuración de deudas familiares. El expediente 0804-D-2026, por ejemplo, plantea modificar el marco vigente para establecer un régimen de desendeudamiento y reestructuración de las deudas de las familias argentinas. La iniciativa fue girada a las comisiones de Finanzas, Defensa del Consumidor y Presupuesto y Hacienda, pero no logró avanzar hacia una sanción.
Otra alternativa apunta directamente a crear una suerte de segunda oportunidad para el deudor. El proyecto 3284-D-2026 propone un Régimen Integral de Prevención del Sobreendeudamiento, Insolvencia y Segunda Oportunidad de la Persona Humana. En el Senado, a su vez, existe el expediente 681/26, que plantea un procedimiento administrativo para consumidores endeudados y un proceso judicial específico para consumidores sobreendeudados.
También hay propuestas que buscan intervenir antes de que la deuda se vuelva impagable. El expediente 0510-D-2026 propone un Marco Integral para el Crédito Responsable y el Desendeudamiento del Consumidor Financiero, mientras que otras iniciativas apuntan a limitar intereses y cargos en las tarjetas de crédito.
Y el Congreso ya empezó a mirar específicamente al ecosistema fintech. Entre los proyectos aparece un pedido de informes sobre el endeudamiento de los hogares y el financiamiento otorgado por billeteras virtuales y plataformas fintech, además de iniciativas vinculadas con los proveedores no financieros de crédito.
¿Qué se podría hacer realmente?
No todas las propuestas tienen el mismo costo ni la misma posibilidad de implementación. Algunas podrían aplicarse relativamente rápido y sin comprometer recursos fiscales: mejorar la información del costo financiero total, establecer reglas más estrictas de crédito responsable, fortalecer la evaluación de capacidad de pago, facilitar la portabilidad o consolidación de deudas y crear mecanismos de refinanciación ordenada.
Otras son mucho más conflictivas. Un límite general a las tasas, por ejemplo, puede aliviar a quienes ya están endeudados, pero también puede provocar que determinados segmentos de alto riesgo queden directamente fuera del mercado formal. El crédito no desaparece necesariamente: puede desplazarse hacia proveedores más caros o hacia circuitos informales.
La misma tensión aparece con una refinanciación obligatoria. Si se extienden plazos y se reducen tasas, alguien debe absorber la diferencia. Puede ser el banco, la fintech, el proveedor de crédito o, indirectamente, los ahorristas y accionistas.
Por eso, entre las medidas más difíciles de instrumentar están las soluciones que implican una transferencia masiva del costo de las deudas al Estado. Una moratoria general o una condonación amplia podría ofrecer un alivio inmediato, pero también generaría un fuerte problema de riesgo moral y podría afectar la cultura de pago y el precio futuro del crédito.
Hay, en cambio, un espacio intermedio que parece mucho más viable: un sistema de segunda oportunidad para personas que demuestren sobreendeudamiento real, con reglas claras, límites temporales y participación de los acreedores. No sería una condonación indiscriminada, sino un mecanismo para evitar que una persona que ya no puede pagar quede atrapada durante años en una bola de nieve de intereses, punitorios y refinanciaciones.
El problema político: el Gobierno no quiere convertirse en garante de las deudas
El Gobierno sostiene que “el endeudamiento es fundamentalmente una relación entre privados y que el Estado no debería intervenir para rescatar a quienes asumieron créditos voluntariamente”. Esa postura choca directamente con la visión de las organizaciones que marcharon esta semana, que sostienen que una parte importante de las familias no se endeuda para consumir bienes extraordinarios, sino para pagar alimentos, servicios, alquileres o gastos cotidianos.
La discusión, entonces, enfrenta dos diagnósticos. Para el Gobierno, el problema debe resolverse dentro del mercado, mediante refinanciaciones y recuperación de los ingresos. Para los sectores que reclaman una intervención, el volumen alcanzado por la morosidad convierte el endeudamiento en un problema social que requiere una política pública específica.
La pregunta que dejan los más de 30 proyectos no es solamente por qué no se votaron. Es qué tipo de sistema de crédito quiere construir la Argentina después de esta crisis.
Una regulación demasiado dura podría encarecer o restringir el acceso al crédito. No hacer nada puede dejar a millones de personas atrapadas en refinanciaciones sucesivas. Y una solución fiscal masiva trasladaría el problema al conjunto de la sociedad.
El desafío no parece ser encontrar una forma de perdonar las deudas, sino construir un mecanismo que permita evitar que una persona que cayó en sobreendeudamiento quede financieramente excluida durante años, sin destruir al mismo tiempo el mercado de crédito.
Los proyectos están. El problema ya está en las estadísticas. Y ahora también está en la calle. Lo que todavía no aparece es el acuerdo sobre quién paga la cuenta de la salida.
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