Los promotores subrayan la importancia de la aprobación de la reforma cuanto antes para satisfacer la creciente demanda y dotar al sector de seguridad jurídica.
El Gobierno solicitó ayer la retirada del orden del día del Pleno del Congreso la reforma de la Ley del Suelo ante la escasez de apoyos parlamentarios y por la situación electoral actual. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, ha afirmado que el proyecto de ley se gestionó “con la máxima celeridad para dar respuesta a la necesidad” de promover y ampliar el parque público de vivienda, además de “garantizar la seguridad jurídica de los desarrollos urbanísticos” y proporcionar “más garantías de protección medioambiental”, en línea con los objetivos de la Agenda 2030.
La reforma de la Ley del Suelo, reactivada por el Gobierno a finales de marzo tras su fracaso en la legislatura anterior, es una demanda constante de ayuntamientos, comunidades autónomas, municipios, promotores y expertos jurídicos.
La modificación de la Ley del Suelo diferencia entre la nulidad total y parcial de planes generales, estableciendo un plazo de subsanación para defectos menores. Permite diversos recursos y mantiene la acción pública en urbanismo y medio ambiente. Además, considera el silencio administrativo como aprobación en proyectos de vivienda pública, con posibilidad de ampliarlo a otros casos. La ley también contempla un régimen transitorio para planes impugnados con defectos subsanables, evitando la anulación en cadena de disposiciones y actos posteriores. El texto, además de reforzar la seguridad jurídica, buscaba acortar plazos y flexibilizar la generación de suelo finalista.
Necesidad inminente
Constructores y promotores inmobiliarios demandan urgentemente poner fin a la inseguridad jurídica que ha resultado en la anulación de planes urbanísticos en muchos municipios debido a fallos de forma.
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña), la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y el CEOE son algunas de las asociaciones que han mostrado este descontento con la noticia, como también lo ha hecho la patronal nacional de constructores y promotores, según recoge Expansión. En este sentido, el sector inmobiliario está de acuerdo con que la ley, bien redactada tanto desde el punto de vista jurídico como técnico, habría evitado la pérdida de vigencia de planes urbanísticos por defectos formales durante largos períodos de tiempo.
El sector lleva años demandando urgentemente una ley de suelo que garantice la seguridad jurídica en el urbanismo español, destacando su importancia en la resolución de la crisis de acceso a la vivienda. Esta legislación es vital para asegurar la estabilidad en los procesos del sector, tal y como han expresado los representantes, y su falta podría significar un retroceso significativo en la liberalización del suelo. Tanto la patronal como las principales asociaciones sectoriales instan a la clase política a establecer un Pacto de Estado para abordar el problema crítico de la vivienda en España, donde la regulación del suelo desempeña un papel fundamental.
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