El panorama concursal en España sigue en transformación, con un incremento en el número de concursos y una reconfiguración en la relación entre deudores, acreedores y tribunales. Según datos de Infoconcursal, en 2025 se confirma que el crecimiento en los procedimientos de insolvencia se mantiene, con un total de más de 12k concursos registrados hasta la fecha, de los cuales más de 11k corresponden a personas físicas y tan solo 1.7k a empresas.
Este dato refuerza una tendencia consolidada que ya viene de los últimos años tras la reforma concursal: la insolvencia ya no es solo un problema empresarial, sino que afecta de manera masiva a individuos y autónomos, superando ampliamente los concursos de sociedades.
Crecimiento de los concursos sin masa y su impacto en los acreedores
El concurso sin masa se ha convertido en la vía predominante para los procedimientos concursales, son 11.178 casos de personas físicas y 769 de personas jurídicas en lo que va de 2025. Este mecanismo, diseñado para deudores sin patrimonio suficiente, ha limitado las opciones de los acreedores, ya que en muchos casos no hay bienes que liquidar ni posibilidad de cobro.
Ante este escenario, los acreedores han asumido una posición cada vez más pasiva en los procedimientos concursales, especialmente en los concursos sin masa. En muchos casos, el deudor (conocedores de esa pasividad de los acreedores) acuden a este mecanismo aún existiendo bienes, aportando información no del todo completa, dejando a los acreedores en una situación debilitada, pese a la teórica posibilidad que con la reforma concursal conseguían tener.
La posibilidad de nombrar un administrador concursal para supervisar la situación patrimonial del deudor existe, pero rara vez se solicita, dado que los costes de esta gestión no compensan, aparentemente, el resultado esperado.
Este escenario puede generar situaciones como un más que comprensible endurecimiento en las condiciones de acceso al crédito como respuesta directa de las entidades financieras a esta nueva realidad. Los bancos y prestamistas pueden incrementar los requisitos para conceder financiación, buscando evitar que el crecimiento de los concursos sin masa siga afectando sus balances.
La postura de los Juzgados y las últimas tendencias en las resoluciones Judiciales
Los juzgados han experimentado una sobrecarga sin precedentes, con un total de más de 37k procedimientos concursales en los tres primeros trimestres de 2024, según datos de Infoconcursal. Este volumen ha llevado a acelerar la tramitación de los concursos sin masa, en algunos casos sin un control exhaustivo de la situación patrimonial del deudor.
En las últimas resoluciones judiciales, hemos podido ver distintas tendencias en los criterios:
–Mayor exigencia en la comprobación de la buena fe del deudor:
Para conceder la exoneración de deudas, hay jueces que han querido verificar si el deudor ha actuado de manera responsable en la generación de su endeudamiento.
Se han rechazado solicitudes de exoneración cuando se detectan indicios de fraude, ocultación de bienes o falta de cooperación en el procedimiento.
–Revisión del impacto del concurso sin masa:
Aunque esta figura agiliza los procedimientos, cada vez más voces solicitan mecanismos de control para evitar abusos.
–Foco en el crédito responsable:
Otras resoluciones judiciales han señalado que, además de la responsabilidad del deudor, las entidades financieras deben aplicar criterios más rigurosos en la concesión de préstamos.
Esto refuerza la tendencia de un acceso más limitado al crédito para evitar futuros concursos masivos.
Perspectivas para 2025 y 2026
Los datos de Infoconcursal 2025 reflejan que el sistema concursal español sigue evolucionando en un entorno cada vez más complejo. Mientras que los procedimientos concursales de empresas han crecido de manera moderada, los concursos de personas físicas han alcanzado niveles históricos, obligando a los actores del sistema financiero y judicial a replantear sus estrategias.
Los principales desafíos para el futuro incluyen:
♦ Mejorar los mecanismos de control de los concursos sin masa, asegurando que realmente se aplican a deudores sin capacidad de pago y evitando fraudes.
♦ Equilibrar la protección del deudor con los derechos de los acreedores, para evitar distorsiones en el acceso al crédito.
♦ Fomentar mecanismos de reestructuración preventiva, para que más empresas y personas físicas puedan evitar la insolvencia antes de llegar a la fase concursal.
La adaptación del marco normativo y financiero será clave para mantener la estabilidad del sistema en los próximos años, especialmente ante la posibilidad de un nuevo incremento en los concursos en 2025 y 2026.
