En materia de datos personales, Chile está viviendo un momento clave que merece atención en toda América Latina. Aunque países como Brasil o Uruguay llevan la delantera con marcos regulatorios ya consolidados, el avance normativo en Chile ha sido tan acelerado que hoy se perfila como un verdadero caso de estudio. Ese dinamismo se reflejará con fuerza en 2026, cuando entren en vigencia tres regulaciones fundamentales: la Ley de Deuda Consolidada, Finanzas Abiertas y la nueva Ley de Protección de Datos Personales.
Tanto la Ley de Deuda Consolidada, como la de Finanzas Abiertas facilitan y reestructuran el flujo de información que se comparte entre los distintos actores del sistema financiero, subiendo la vara de los estándares de seguridad, interoperabilidad y gobernanza. Hablamos de millones de datos circulando entre instituciones financieras, plataformas tecnológicas, fintechs y otros actores.
Datos Personales, en tanto, redefine los criterios y resguardos al uso y gestión de los datos cuando son personales, tomando como piedra angular el consentimiento. En Chile se opera bajo un modelo “opt-in”, es decir, los datos -por ejemplo los de buen comportamiento crediticio- son del ciudadano y sólo pueden utilizarse con su autorización explícita. Esto implica que cualquier uso legítimo debe ser informado, limitado y revocable.
Se trata de una gran oportunidad para aquellas empresas que comprenden estas “reglas del juego” no solo como nuevas exigencias regulatorias, sino como una invitación a adoptar una visión más estratégica de los datos, reconociendo que estos —y cómo los gestionamos— son claves para generar valor, confianza y competitividad en la economía digital. En definitiva, es una posibilidad para construir relaciones más transparentes y sostenibles con los clientes.
Gestionar adecuadamente el consentimiento en ese entorno será una tarea compleja, pero imprescindible. Requerirá soluciones que permitan a las personas visualizar, otorgar, modificar o revocar permisos de forma sencilla, en tiempo real y desde múltiples canales. Por lo mismo, en este periodo de “marcha blanca” las empresas están llamadas a revisar o bien implementar cambios en sus flujos de trabajo, tecnología e incluso en su cultura interna.
Son meses desafiantes para el ecosistema chileno, y las empresas multinacionales con experiencia en países que ya han recorrido este camino tenemos la responsabilidad de impulsar modelos probados para la administración del consentimiento. Se necesita sin duda de procesos robustos que aseguren una visión única por persona: quién accede a sus datos, con qué propósito y por cuánto tiempo.
Sin embargo, más allá de lo técnico, también se requiere una cultura organizacional que entienda que los datos no son sólo un recurso, sino un reflejo de la confianza del cliente. Y bien gestionados, abren la puerta a una inclusión financiera real, segura y sostenible. Ese es el verdadero centro de la transformación digital: poner a las personas primero.
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