El Gobierno colombiano y el sector bancario mantienen un pulso abierto por la implementación de inversiones forzosas y las condiciones del crédito para los sectores productivos y la denominada economía popular. El debate se intensificó tras las reuniones convocadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encabezado por el ministro Germán Ávila, con los principales banqueros del país.
El eje de la discusión gira en torno a un mecanismo que obligaría a las entidades financieras a destinar una parte de sus recursos a sectores definidos por el Ejecutivo, una figura que el sector considera distorsiva y de lenta implementación.
La propuesta alternativa de la banca
Tras los encuentros, las instituciones financieras presentaron un paquete de medidas para evitar la imposición de inversiones forzosas y, en su lugar, ofrecer alivios dirigidos a deudores y estímulos al crédito productivo.
Entre las iniciativas planteadas destacan:
- Períodos de gracia de hasta 12 meses para deudores en zonas priorizadas por el Gobierno.
- Suspensión de cobros de intereses y de procesos ejecutivos y prejurídicos durante ese lapso, manteniendo la calificación crediticia.
- Atención prioritaria y campañas de educación financiera para facilitar la gestión de deudas.
- Nuevos créditos productivos y alivios enfocados en personas y empresas afectadas por la reciente emergencia climática.
Los representantes bancarios sostienen que estas medidas podrían aplicarse con mayor rapidez que una inversión forzosa y sin alterar el funcionamiento del mercado crediticio.
La postura del Ejecutivo
Desde el Gobierno, el ministro Ávila valoró las propuestas de alivio, pero consideró que resultan insuficientes si no se acompañan de cambios estructurales en las condiciones de crédito para la economía popular, donde las tasas continúan en niveles elevados.
El Ejecutivo exige una reducción inmediata en las tasas de interés de créditos dirigidos a sectores de menores ingresos —que en algunos casos superan el 50%—, incluso cuando cuentan con respaldo estatal mediante garantías públicas.
El instrumento en discusión no es nuevo. La figura de inversiones obligatorias, que incluye instrumentos como los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), fue establecida por la Ley 16 de 1990 y obliga a los bancos a invertir una fracción de sus pasivos en instrumentos específicos para canalizar recursos hacia sectores productivos como el agro. El Gobierno busca ampliar su uso para atender la emergencia climática y social en regiones afectadas por desastres naturales.
Riesgos señalados por el sector financiero
Gremios como Asobancaria advirtieron que la imposición de inversiones forzosas podría encarecer el crédito entre 50 y 100 puntos básicos, reducir la disponibilidad de recursos para otros préstamos y limitar la intermediación financiera.
Según estimaciones del sector, el impacto podría traducirse en una reducción de hasta 0,3 puntos porcentuales del PIB. Además, sostienen que la implementación del esquema podría tardar hasta 18 meses o más, sin garantizar efectos inmediatos en el financiamiento productivo.
Negociaciones abiertas
Las conversaciones continúan. Mientras el Gobierno insiste en que el sistema financiero debe asumir un rol más activo en el financiamiento de la producción y de los sectores vulnerables, los bancos defienden mecanismos voluntarios y alivios transitorios que, según argumentan, preservan la estabilidad del sistema y el acceso general al crédito.
El desenlace de este debate será clave para definir el alcance de la política crediticia en Colombia en un contexto de emergencia climática y tensiones sociales.
Sigue toda la información de Open Hub News en X y Linkedin , o en nuestra newsletter.
