El modelo de subadquirencia impulsa el acceso de los comercios a pagos digitales en Chile, reduciendo barreras y fortaleciendo el ecosistema fintech.
Chile ha experimentado un crecimiento sostenido en el uso de pagos digitales durante la última década. Según el Informe de Sistemas de Pago del Banco Central (2025), el país superó los 6.300 millones de transacciones electrónicas en un año, lo que representa un aumento del 18% respecto al periodo anterior. En promedio, cada persona mayor de 15 años realiza 374 pagos digitales al año, una frecuencia que incluso supera a economías como Alemania, España e Italia.
Detrás de esta evolución hay cambios estructurales en la infraestructura de pagos. Uno de los elementos clave en este proceso es la subadquirencia, un modelo que permite a proveedores tecnológicos intermediar entre los comercios y las redes de pago.
En términos prácticos, la subadquirencia facilita que pequeños negocios, plataformas digitales y empresas en etapas iniciales puedan aceptar pagos electrónicos sin necesidad de establecer relaciones directas con adquirentes tradicionales. Esto reduce la burocracia, acorta los tiempos de integración y disminuye las barreras de entrada al ecosistema financiero digital.
Fortalezas de un mercado regulado
Un paso relevante en la consolidación de este modelo fue la formalización de su marco regulatorio por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a través de la Norma de Carácter General N° 541. Esta normativa establece condiciones claras para los operadores de subadquirencia, con el objetivo de fortalecer la protección al usuario, fomentar la interoperabilidad y otorgar mayor certeza jurídica a una actividad que ya existía en la práctica.
Actualmente, más de 580.000 comercios en Chile aceptan pagos digitales, lo que refuerza la importancia de estructurar adecuadamente cada eslabón de esta cadena. La regulación de la subadquirencia se inserta en un contexto más amplio de desarrollo del ecosistema fintech del país.
La promulgación de la Ley Fintech marcó un punto de inflexión en este proceso. El marco legal fue resultado de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Hacienda, la CMF y la Asociación de Empresas Fintech de Chile (FinteChile), tras varios años de diálogo entre el sector público y la industria.
Desde sus inicios, el diseño de esta regulación se basó en principios de flexibilidad y neutralidad tecnológica, buscando adaptarse al dinamismo del sector. En paralelo, FinteChile ha representado a más de 220 empresas, contribuyendo a que el marco normativo incorpore las particularidades de nuevos modelos de negocio, incluyendo aquellos vinculados a la infraestructura de pagos.
La colaboración público-privada ha continuado a través de iniciativas conjuntas entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientadas a generar diagnósticos y datos sobre el ecosistema fintech chileno. Estos insumos han sido clave para el diseño de políticas públicas más ajustadas a la realidad del sector.
En este contexto, la subadquirencia deja de ser un componente técnico para convertirse en un habilitador del desarrollo económico. Permitir que más comercios accedan a medios de pago digitales implica ampliar su base de clientes, mejorar su gestión financiera y competir en mejores condiciones.
El avance de instrumentos como las tarjetas de prepago —que crecieron más de un 213% en un año— y la expansión de las billeteras digitales refuerzan esta tendencia. En un entorno cada vez más digitalizado, quedar fuera del sistema de pagos electrónicos puede limitar directamente las oportunidades de crecimiento de los negocios.
Así, la subadquirencia se posiciona como una pieza estratégica en la evolución del sistema de pagos en Chile, facilitando la integración de nuevos actores y sosteniendo el dinamismo de un ecosistema en constante transformación.
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