El congreso nacional trabaja en un proyecto que busca crear una infraestructura pública de pagos instantáneos inspirada en el modelo brasileño, con el objetivo de reducir costos para los comercios y aumentar la competencia entre bancos, fintech y billeteras. Pero Argentina ya tiene QR interoperable y más de 100 millones de pagos mensuales: qué cambiaría realmente, cuánto costaría y cuáles son las chances de que el nuevo sistema se convierta en realidad.
La idea de crear un Pix argentino comenzó a tomar forma en el Congreso y rápidamente abrió una discusión que va bastante más allá de una nueva billetera para pagar con el celular. El proyecto de Guillermo Michel propone crear una infraestructura pública de pagos inspirada en el modelo brasileño, administrada por el Banco Central, que permita que bancos, fintech y billeteras operen bajo estándares comunes. El objetivo declarado es reducir costos, aumentar la competencia y mejorar las condiciones para los comercios.
El primer dato incómodo: Argentina ya tiene un Pix
La propuesta llega a un mercado que no parte de cero. Desde 2021, Transferencias 3.0 permite realizar pagos inmediatos mediante QR interoperables desde cuentas bancarias y billeteras digitales. El sistema fue diseñado precisamente como una infraestructura abierta: una persona puede escanear un QR y pagar desde distintas aplicaciones, mientras que el comercio recibe los fondos de manera inmediata.
Según el último Informe de Pagos Minoristas del BCRA, en junio se realizaron 108,2 millones de pagos con transferencia iniciados mediante QR, por $2,6 billones, con un crecimiento interanual de 75,4%. Además, el registro del Banco Central contabiliza 90 billeteras digitales interoperables y 62 aceptadores de pagos.
Entonces aparece la primera pregunta incómoda para el proyecto: si ya existe Transferencias 3.0, ¿qué tendría de nuevo el modelo argentino? La respuesta no estaría tanto en crear otro QR o una nueva aplicación, sino en modificar la infraestructura que está detrás de las operaciones, la estructura de costos y el rol que tendría el Estado.
De una billetera estatal a una empresa testigo
La propuesta plantea que el nuevo sistema funcione bajo la órbita del BCRA como una suerte de empresa testigo del mercado. La idea es que el Estado ofrezca procesamiento, ruteo, mensajería, directorio, conciliación y liquidación a bancos, fintech y otros participantes a precios de recuperación de costos.
El objetivo sería generar un precio de referencia para el mercado y obligar, indirectamente, a los operadores privados a competir contra esa estructura de costos. La iniciativa no plantearía necesariamente reemplazar a las redes existentes: los actores privados podrían continuar utilizando sus propias infraestructuras o conectarse al nuevo sistema.
Esto modifica bastante la imagen inicial de una billetera estatal compitiendo directamente con Mercado Pago, MODO, Ualá o Cuenta DNI. La apuesta sería que el Estado compita en infraestructura, no necesariamente en la relación comercial con el usuario.
Pero, ¿cuánto paga el comercio?
La batalla está fundamentalmente en el costo de aceptar pagos. En el esquema de Transferencias 3.0, los pagos con transferencia mediante QR tienen actualmente un tope de comisión de 8 por mil, equivalente al 0,8%, mientras que para el consumidor el pago es gratuito.
La iniciativa apunta a una discusión más amplia sobre la cadena de intermediarios, los costos de procesamiento, los plazos de acreditación y las retenciones impositivas. El diagnóstico es que un comercio puede terminar absorbiendo simultáneamente comisiones, costos asociados a servicios financieros y adelantos impositivos, reduciendo su margen o trasladando parte del costo al consumidor.
El proyecto también busca recuperar herramientas regulatorias para establecer topes máximos a las comisiones y plazos máximos de acreditación, además de limitar prácticas que puedan cerrar al usuario dentro de una determinada red. En otras palabras, el objetivo no es solamente crear una infraestructura pública: es rediseñar las reglas de competencia del mercado de pagos.
Un beneficio fiscal que puede ser tan importante como el QR
La iniciativa incorpora además un componente tributario. Según la propuesta difundida, las operaciones de hasta 250 UVAs quedarían excluidas de determinados regímenes nacionales de retención, percepción o recaudación anticipada aplicados al momento del pago o de la acreditación.
La obligación tributaria no desaparecería: lo que se busca eliminar es el adelanto automático generado por utilizar un medio de pago digital. El punto puede ser especialmente relevante para pequeños comercios y MiPyMEs, porque introduce una discusión que va más allá de la tecnología: qué incentivos tiene un comerciante para aceptar un pago digital si la trazabilidad de esa operación puede generar una mayor carga financiera inmediata.
La inspiración brasileña
Pix no es una aplicación que compita con Nubank, Itaú o Mercado Pago. Es una infraestructura creada y administrada por el Banco Central de Brasil que se integra dentro de las aplicaciones de las distintas entidades participantes. A junio de 2026 tenía 903 participantes, entre bancos, instituciones de pago, cooperativas y otros actores. La escala ayuda a entender por qué Brasil es el benchmark elegido: en mayo de 2026 se realizaron más de 7.000 millones de operaciones Pix, con más de 170 millones de personas físicas que ya habían utilizado el sistema.
Pero copiar ese modelo no significa simplemente desarrollar una aplicación estatal. Implica construir infraestructura, reglas, estándares, liquidación, seguridad, integración tecnológica y, sobre todo, conseguir una masa crítica de participantes.
Ahora la pregunta clave: ¿qué tan posible es implementarlo?
Ahí aparece el principal interrogante. La propuesta todavía tiene que atravesar el proceso legislativo y, además, requiere una implementación tecnológica y regulatoria considerable. Incluso si consiguiera convertirse en ley, quedaría el desafío más complejo: lograr que una nueva infraestructura pública sea competitiva frente a sistemas privados que ya tienen escala, clientes, tecnología y relaciones comerciales con bancos y comercios.
La ventaja de Argentina es que ya cuenta con buena parte de la experiencia técnica acumulada con Transferencias 3.0. La dificultad es definir cuánto de esa infraestructura se reutiliza, qué se modifica y quién paga la nueva inversión.
Por eso, más que preguntarnos si Argentina tendrá una billetera Pix, la discusión de fondo es otra: ¿necesita el país una nueva infraestructura pública de pagos o necesita hacer que la infraestructura interoperable que ya existe funcione con mejores precios, reglas y condiciones para los comercios?
