La Ley 2439 redefine cargos, procesos y garantías del crédito digital en Colombia, buscando transparencia, seguridad y acceso más amplio. Este marco regula un flujo 100 % electrónico y establece límites claros a los cargos, con miras a fortalecer la confianza entre consumidores y fintech.
En un contexto de acelerada adopción de servicios financieros digitales, la Ley 2439 surge según los expertos, para cerrar vacíos regulatorios y reducir riesgos de cobros indebidos y fraudes. Los analistas señalan que la norma busca equilibrar innovación y protección al consumidor, promoviendo un ecosistema más predecible para actores tradicionales y emergentes.
La Ley 2439 de 2024 de Colombia modifica el Estatuto del Consumidor para reforzar la protección de los consumidores en el comercio electrónico. Establece obligaciones para los proveedores. También incluye sanciones más estrictas para quienes incumplan la norma y faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio para hacer cumplir la ley.
Uno de los cambios centrales es la regulación de los cargos asociados a créditos digitales. La norma establece que solo pueden trasladarse al consumidor los costos vinculados a la firma electrónica, identidad digital, autenticación y firmado. Según declaraciones de la autoridad reguladora, esto aporta claridad y evita prácticas ambiguas que podían derivar en abusos.
El marco organiza el flujo de crédito digital en 5 estadíos: vinculación del cliente, originación, emisión de la garantía, gestión de cartera y cobranza. Analistas señalan que la estandarización de este flujo mejora la trazabilidad y la verificación de identidad, reduciendo riesgos de fraude y suplantación.
En cuanto a la firma electrónica, la norma establece que su cobro se realiza una única vez, al inicio de la vinculación, sin repetirse ni ser calculado como un porcentaje del crédito. Autoridades subrayan que este diseño evita costos acumulativos injustificados y favorece la transparencia de los costos totales.
La Ley 2439 también garantiza el derecho a presentar documentos en formato físico en oficinas, para asegurar inclusión de quienes prefieren o requieren canales tradicionales. Expertos señalan que esta cláusula es clave para no excluir segmentos de población con menor alfabetización digital o acceso limitado a internet.
Un nuevo panorama para las fintech colombianas
Para las fintech, la regulación implica un reto de adaptación. Ya no podrán monetizarse mediante cobros por uso de plataformas, y deberán enfocarse en eficiencia operativa y claridad de costos. Sin embargo, la norma crea un marco de competencia más equitativo frente a entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y otras autoridades, lo que podría fomentar la confianza del consumidor.
Entre los beneficios esperados se destacan la digitalización segura de procesos, la reducción de costos operativos y un mayor acceso al crédito para poblaciones infracubiertas. Sin dudas, los alcances esperados son altos y de gran impacto para una sociedad que debe recuperar la confianza.
Hacia el futuro, el éxito del crédito digital en Colombia dependerá de la capacidad del sector para cumplir la regulación, garantizar la transparencia y fortalecer la confianza del consumidor. Si se implementa de forma rigurosa, la ley podría convertirse en punto de partida para un ecosistema más sólido, inclusivo y eficiente, donde el crédito digital se consolide como una herramienta confiable para millones de colombianos.
