La Comisión para el Mercado Financiero publicó la normativa técnica del Sistema de Finanzas Abiertas, pero pospuso su entrada en vigor hasta julio de 2027. El sector fintech valoró los avances técnicos, aunque advirtió que los nuevos plazos podrían retrasar los beneficios esperados para consumidores y empresas.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó la modificación normativa que regula el Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) en Chile, incorporando las especificaciones técnicas necesarias para su funcionamiento. Sin embargo, el anuncio llegó acompañado de una decisión que generó preocupación en la industria: la entrada en vigencia del sistema fue postergada hasta julio de 2027.
La medida implica que la operación plena del modelo de finanzas abiertas podría no alcanzarse antes de 2030, según estimaciones del sector. El SFA constituye uno de los pilares de la Ley Fintech chilena, promulgada en enero de 2023, cuyo objetivo es impulsar la competencia, la innovación y la inclusión financiera mediante el intercambio seguro de datos entre instituciones y proveedores de servicios.
El modelo permitirá que personas y empresas compartan información financiera con distintos actores autorizados para acceder a mejores productos, condiciones de financiamiento y servicios personalizados, sin depender exclusivamente de la entidad con la que mantienen su relación financiera principal.
Nuevas incorporaciones
La actualización regulatoria incorpora un anexo técnico que define los estándares de interoperabilidad del sistema, incluyendo los requerimientos para el intercambio de información financiera y la iniciación de pagos.
Como parte del proceso de implementación, la CMF habilitó además un portal para desarrolladores destinado a facilitar la preparación tecnológica de las entidades que participarán en el ecosistema.
Según el regulador, la normativa recoge aportes realizados por el foro de finanzas abiertas, una instancia de trabajo que reunió a representantes de distintos segmentos de la industria financiera.
La CMF sostuvo que estos insumos fueron fundamentales para construir una regulación que siente las bases de un sistema robusto y que contribuya a incrementar la competencia y ampliar la oferta de productos financieros para los usuarios.
Período piloto y nuevos mecanismos de pruebas
Entre los principales cambios introducidos por la normativa destaca la formalización de una etapa piloto previa a la entrada en operación.
El esquema contempla dos meses obligatorios sin niveles de servicio exigibles, seguidos por seis meses adicionales con exigencias atenuadas. Asimismo, el regulador pondrá a disposición de los participantes un entorno de pruebas o sandbox tecnológico para validar integraciones antes de operar en producción.
La norma también incorpora una modalidad de participación simplificada dirigida a entidades de menor tamaño, permitiendo su incorporación al sistema bajo requisitos diferenciados respecto de bancos y emisores de tarjetas.
Otro de los ajustes relevantes afecta al denominado mecanismo alternativo. Mientras la legislación original contemplaba un canal secundario e independiente para garantizar la continuidad del sistema ante eventuales fallos, la nueva regulación establece que dicho mecanismo funcionará como una contingencia del sistema principal y no como una infraestructura separada.
La industria fintech cuestiona los nuevos plazos
La reacción del sector no se hizo esperar. FinteChile valoró los avances técnicos incorporados en la normativa, pero expresó preocupación por el impacto que podrían tener los cambios sobre la competencia y la velocidad de adopción del sistema. Según el gremio, la incorporación de la etapa piloto obligatoria añade ocho meses adicionales al cronograma operativo efectivo de cada fase de implementación.
Respecto al mecanismo alternativo, FinteChile advirtió que la nueva definición podría supeditar la disponibilidad del sistema a la robustez tecnológica de los actores involucrados, sin establecer mecanismos independientes que aseguren la continuidad operativa ante fallos del canal principal.
La organización reiteró su disposición a colaborar con el regulador y sostuvo que los avances técnicos deberían servir para acelerar la implementación y no para justificar nuevos retrasos.
La publicación de la normativa técnica representa un avance importante para el desarrollo del modelo de finanzas abiertas en Chile, pero la postergación de su entrada en vigor reabre el debate sobre el equilibrio entre seguridad regulatoria y velocidad de implementación. Mientras la CMF defiende la necesidad de fortalecer la confianza en el sistema antes de su despliegue, la industria fintech advierte que cada retraso podría postergar los beneficios esperados en términos de competencia, innovación e inclusión financiera.
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