La Ley de Eficiencia Digital en ámbito de la Justicia, el desarrollo de LegalTech y la Inteligencia Artificial como soluciones para lograr la digitalización del sistema jurídico.
Este año ha sido una periodo marcado por una gran complejidad social, política y económica, con una subida de tipos de interés muy significativa. En septiembre de 2023, la tasa de morosidad en España se registró en un 3,56%. A pesar de que en el último cuatrimestre del año se viera una bajada en el ratio de mora, los expertos prevén un deterioro en el primer semestre de 2024. Esto se deberá principalmente a los préstamos al consumo y también a las pymes, que son muy vulnerables a los cambios en las tasas de interés, puesto que esto afecta a la calidad del crédito.
En este contexto, el sector legal, específicamente el ámbito de la recuperación judicial, adquieren una gran relevancia, y su función se convierte en esencial. Por esta razón, sumado a la evolución social constante y a catástrofes como la pandemia, se evidencia de manera cada vez más obvia la necesidad de digitalizar la Justicia, y las mejoras que puede traer dicha modernización.
Uno de los principales temas que hay sobre la mesa ahora mismo es el Plan Justicia 2030, que pone de manifiesto el objetivo del Gobierno de regular la transformación tecnológica de la Justicia. Así pues, “pretende establecer un marco jurídico que facilite y promueva el avance de la transformación digital de la Justicia, regulando una pluralidad de servicios digitales accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de Justicia”.
Tendencias y novedades del sector
El próximo 20 de marzo entrarán en vigor todas las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil acordadas mediante Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas de eficiencia digital y procesal del servicio público de justicia. En este sentido, son varias las tendencias y las novedades que se prevén en el 2024 en el ámbito de la Recuperación Judicial. Josep Servent, CEO y fundador de EMC Soluciones LegalTech expresa que “el gran desafío u oportunidad estará en eficientar al máximo los procesos de recuperación, incorporando la inteligencia artificial en todos los procesos que lo permitan”.
En esta misma línea, Sonia Benito, Managing Director de Atlante, estipula que el principal objetivo para 2024 es “centrarse en la gestión masiva de procedimientos, tanto en los costes operativos asociados como en las ayudas para la implementación de nuevas tecnologías destinadas a simplificar y reducir los costes de los procesos de gestión”. Asimismo, el éxito de esta digitalización dependerá de todos los actores involucrados, como el sector privado, los profesionales que interactúan con la justicia, jueces, funcionarios y LAJS (Ley de la Administración de Justicia)”, indica Benito. Juan José García, Socio Director en Adarve Corporación, ha puesto el foco en “la necesidad de impulsar o consolidar el desarrollo de proyectos y equipos creativos que generen valor en el sector del recobro y que sepan ver las oportunidades para ayudar en la estrategia de los clientes”.
Cabe añadir que en los últimos meses del 2023, la morosidad en préstamos al consumo se ha incrementado, llegando a una ratio del 7% en los Establecimientos Financieros de Crédito. Esto indica una tendencia de aumento de los créditos dudosos que posiblemente continúe en el 2024. El socio director hace mención a la Directiva sobre los administradores y compradores de créditos, cuya integración en España se prevé próximamente: “quienes nos dedicamos a la gestión de créditos dudosos por cuenta de terceros inversores dispondremos de un periodo de seis meses de adaptación para cumplir todos los requisitos necesarios para conseguir la autorización preceptiva y la correspondiente inscripción en el registro de administradores de créditos”.
Modificaciones legislativas más relevantes
Isabel Navalón y Pablo Subías, abogados de CASANOVAS Abogados, anticipan que “debido a la gran cantidad de cambios que se contemplan en la Ley de Eficiencia Digital se prevé que este año 2024 redundará muy favorablemente en la recuperación judicial a través de las mejoras legislativas que agilizarán actuaciones procesales que hasta ahora ralentizan enormemente los procesos”.
Así, resaltan algunas de las novedades legislativas más importantes que traerá esta nueva ley “se ha modificado el criterio de cuantía para diferencias entre el juicio ordinario y el juicio verbal, ampliando el alcance de este último a 15.000 euros; se introduce el procedimiento testigo en el ámbito civil; y se establece la celebración preferente de actos procesales mediante presencia telemática”, entre demás acciones de comunicación procesal. Juan José García también destaca “la creación de la Carpeta Justicia, que permitirá a cualquier persona consultar los expedientes en los que es parte o interesada, así como pedir cita previa para ser atendida”.
Sonia Benito, por su lado, destaca “la introducción del concepto de ‘gran tenedor’ en la nueva Ley de Vivienda” que “tendrá un impacto significativo en los procedimientos destinados a la recuperación de activos inmobiliarios”. La normativa establece diversos requisitos de procedibilidad para los grandes tenedores, lo cual puede ralentizar la recuperación de los activos por parte de estos. Según concluye Benito, “se imponen más obstáculos a los propietarios en el ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido, desplazando completamente la carga de la prueba a la parte interesada”, causando “un perjuicio considerable a los intereses de los propietarios, cuya reparación resulta difícil”.
El socio director de Adarve subraya que la modernización de la Justicia es esencial “a fin de garantizar el derecho de ciudadanos y profesionales a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos, con especial atención a las personas con discapacidad”. También hace referencia a un cambio que está generando dudas: “veremos cómo se desenvuelve la tramitación de los procedimientos especiales, preconcursales y concursales, para microempresas y microempresarios a través de la plataforma creada por el Ministerio de Justicia (Servicio Electrónico Microempresa)”.
¿Cómo se llevará a cabo la transformación digital tan esperada?
La protagonista que se anticipa para este 2024 es la inteligencia artificial. Así lo explica Josep Servent, CEO y Founder de EMC Software Jurídico: “esta vez el alcance será más transversal, ya no hablaremos del uso de tecnologías de IA en las soluciones existentes, sino de la aparición de agentes o asistentes especializados en determinadas tareas y que funcionarán ‘colaborando’ con las soluciones existentes ‘aprendiendo’ cómo utilizarlas”. Según indica el fundador de la Legaltech, este tipo de asistentes cambiarán radicalmente la forma de procesar la información.
Nombrando también a la IA, Juan José García destaca que “veremos nuevas herramientas que mejoran las actuales que se ocupan de automatizar la lectura y codificación de notificaciones procesales, así como la generación automática e inteligente de los correspondientes escritos de impulso de parte”. Los dos abogados de CASANOVAS Abogados destacan que se agilizará la comunicación con la justicia al “tenerse acceso mediante la denominada CARPETA DIGITAL a toda la información relativa a los procedimientos abiertos sin necesidad de acudir físicamente a los juzgados”.
Asimismo, Isabel Navalón y Pablo Subías mencionan también que “la implantación de la IA o herramientas tecnológicas en materia de entrega de consignación judicial ayudaría enormemente a la anticipación del cobro y por tanto a un aumento de la recuperación judicial”. Esto ocurriría porque, por un lado, la administración de Justicia no tendría que ocuparse de la tramitación de una actuación procesal (totalmente automatizable) y, por el otro lado, “la parte contraria que vería acortado el tiempo de duración de los procedimientos contra su persona, puesto que en ocasiones se demoran años en archivarse debido a la tardanza en efectuar estas entregas”.
El RDL 6/2023 introduce novedades ambiciosas que, si se aplican, pueden lograr un sistema judicial de pleno interfuncionamiento y eficiencia automatizada. Sin embargo, Sonia Benito añade: “tenemos que ver si el Gobierno tiene la voluntad de desarrollar los aspectos que han quedado fuera o si considera que con esto se da por satisfecho”. Juan José García manifiesta: “confiamos en que en el corto-medio plazo vivamos el momento en el que la Administración de Justicia se sume a las tecnologías del siglo XXI que desde hace años utilizamos las empresas del sector y que la IA consiga posicionar a todos los operadores jurídicos en el mismo plano tecnológico”.
Así pues, se acerca el 20 de marzo, fecha en la que entrarán en vigor el conjunto de cambios de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acordadas mediante el Real Decreto-ley 6/2023 del 19 de diciembre. A través del RDL se aprueban medidas de eficiencia digital y procesal del servicio público de Justicia, impulsadas por la necesidad de modernizar la Justicia a los tiempos actuales. El objetivo es convertirla, al fin, en un sector ágil, eficiente y alineado con la era digital. Una transformación que viene liderada por la IA y LegalTech, y que se traducirá en la simplificación del proceso de recobro judicial en un contexto de repunte de morosidad previsto.
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