La Asociación Española de Micropréstamos (AEMIP) y la Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI) han presentado un manifiesto conjunto en el que solicitan una transposición equilibrada de la Directiva de Crédito al Consumo al ordenamiento jurídico español. El objetivo, según ambas organizaciones, es reforzar la protección del consumidor sin debilitar el canal regulado de financiación.
Las dos asociaciones, que representan distintos segmentos del ecosistema de crédito al consumo —incluidos micropréstamos de bajo importe y corta duración, financiación digital y financiación en el punto de venta— subrayan que la adaptación de la Directiva de Crédito al Consumo debe tener en cuenta la diversidad de modelos de negocio y evitar enfoques uniformes que no distingan entre productos con características distintas.
La Directiva de Crédito al Consumo y el papel del micropréstamo regulado
Desde la perspectiva de AEMIP, la transposición de la Directiva de Crédito al Consumo está directamente vinculada al papel que desempeña el micropréstamo regulado en el sistema financiero español. Se trata de productos de bajo importe y muy corto plazo destinados a cubrir necesidades puntuales de liquidez, como reparaciones urgentes o gastos imprevistos.
En 2024, los miembros de la asociación concedieron cerca de 2,6 millones de micropréstamos por un volumen aproximado de 894 millones de euros. El importe medio fue de 346 euros y el plazo medio de uso se situó en 22 días. Entre el 70 % y el 80 % de los clientes amortizó el préstamo de forma anticipada.
Según la asociación, estos datos reflejan el carácter contingente y de corto plazo del producto, que no está diseñado para sustituir financiación a medio o largo plazo.
Cuatro ejes para una transposición proporcionada
El manifiesto conjunto identifica cuatro prioridades para la adaptación de la Directiva de Crédito al Consumo en España.
- Límites a la remuneración del crédito con criterios técnicos.
AEMIP y AEFI defienden que los límites deben diseñarse teniendo en cuenta el importe, la duración y el nivel de riesgo de cada producto. Señalan que un diseño desalineado con la realidad operativa del microcrédito podría afectar a la viabilidad del canal regulado.
- Protección del consumidor basada en información clara.
Las asociaciones apoyan herramientas como la Ficha de Información de Crédito de Alto Coste y sostienen que la protección debe centrarse en la calidad y claridad de la información, así como en derechos efectivos de desistimiento y reembolso anticipado. En productos de emergencia, consideran que un periodo de reflexión obligatorio y uniforme podría limitar el acceso rápido a financiación regulada.
- Evaluación de solvencia proporcionada y adaptada al canal digital.
Las entidades asociadas realizan análisis de solvencia apoyados en infraestructura tecnológica que combina consultas a ficheros de crédito, herramientas de open banking y controles antifraude. La ratio media de aprobación para nuevos clientes es del 24,7 %, lo que implica que aproximadamente tres de cada cuatro solicitudes se deniegan por no superar los controles establecidos.
- Régimen de autorización y periodo transitorio ordenado.
AEMIP y AEFI reclaman un marco que permita la adaptación de las entidades ya operativas con plazos razonables y sin interrupciones bruscas en la prestación de servicios.
Equilibrio entre protección y acceso en la Directiva de Crédito al Consumo
Ambas organizaciones señalan que la demanda de financiación de emergencia no desaparece por la imposición de límites normativos, sino que puede desplazarse hacia operadores no supervisados si el canal regulado pierde viabilidad.
La presidenta de AEMIP, Alisa Čevere, afirma que la protección del consumidor pasa por “reglas claras, controles de solvencia reales y precios bien acotados”, con el objetivo de prevenir el sobreendeudamiento y preservar una oferta regulada para quienes la necesitan.
Con este posicionamiento conjunto, AEMIP y AEFI trasladan su disposición a colaborar con el legislador y las autoridades supervisoras para que la transposición de la Directiva de Crédito al Consumo combine protección efectiva del consumidor, estabilidad del mercado y prevención de la exclusión financiera.
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