Cómo los legisladores bienintencionados terminan perjudicando a quienes quieren ayudar.
En mi experiencia como banquero he visto varias ocasiones en que legisladores bienintencionados han tratado de “ayudar” borrando los registros de incumplimiento de personas morosas con la finalidad de que tengan segundas oportunidades para acceder a créditos. Un ejemplo de esto es la llamada Ley de Borrón y Cuenta Nueva que el presidente colombiano Iván Duque promulgó en octubre de 2021. Esta ley obliga a las entidades financieras y centrales de riesgo a borrar el historial negativo de un deudor al transcurrir el doble de tiempo que su mora. Por ejemplo, si un cliente llegó a una mora de 60 días y paga su deuda (o negocia con el acreedor para saldar la deuda pagando solo una parte), la historia de este incumplimiento debe ser borrada 120 días después.
Hay pocas cosas más dañinas para los usuarios de créditos que borrar el historial de los mismos, y quiero explicarles por qué.
Primero, es importante entender cómo funcionan los bancos y financieras. Estas entidades quieren prestar dinero a todas las personas que puedan porque en eso radica su negocio. Si no prestan dinero, no hay ingresos para operar, pagar sueldos, pagar deudas y retribuir a los accionistas. Entonces, las entidades financieras no están buscando excusas para no prestar, sino que, por el contrario, constantemente están empujando los límites para prestar más. Pero la ganancia no viene de prestar, sino de cobrar los préstamos luego, y por eso deben ser muy cuidadosas en a quién y cuánto le prestan. Adicionalmente las entidades financieras tienen una responsabilidad social muy grande porque están prestando el dinero de sus ahorristas (de cada S/10 que prestan aproximadamente S/9 son de ahorristas y S/1 de los accionistas).
Para prestar dinero a personas, las entidades financieras se basan en reglas y modelos estadísticos (llamados scores de aplicación) que tratan de estimar la probabilidad de que un cliente incumpla. Estos modelos se construyen sobre la base de variables observables al momento de otorgar el crédito que se correlacionan con el comportamiento histórico observado en clientes reales. En la práctica, la información observable que resulta más predictiva es el comportamiento con créditos anteriores. Es un hecho estadístico que las personas que anteriormente incumplieron pagos son más proclives a hacerlo de nuevo respecto a alguien con buen o ningún historial. Esto no quiere decir que un ex-moroso nunca podrá recibir un crédito, porque no es la única variable que se toma en cuenta, sino que deberá demostrar buen comportamiento de otras formas.
Esta relación entre comportamiento anterior y resultados futuros no es un asunto de justicia social, sino un hecho comprobado estadísticamente.
Si a un cliente se le borra el historial crediticio negativo, se le confundirá al construir estos modelos con otras personas. Por ejemplo, dependiendo de cómo quede el registro se le puede confundir con personas sin historial. Luego, cuando posteriormente una entidad financiera haga los estudios estadísticos de personas sin historial con créditos reales, parecerá que su comportamiento es peor, porque se les está confundiendo con gente con mal comportamiento histórico. Esto causará que, al no poder distinguirlos, los bancos vean que el conjunto no es rentable, y les cierre el caño de crédito a todos. Justos pagan por pecadores.
Si a esta situación le agregamos los límites de tasas de interés existentes en algunos países, el resultado es que las entidades financieras dejan de atender a clientes sin experiencia y se concentran solo en los clientes buenos conocidos. Con esto se destruye la inclusión financiera y empuja a las personas de bajos recursos a los prestamistas informales que son mucho más caros (cobran 1% de tasa de interés diaria o 20% mensual) y violentos.
Uds dirán… “pero una medida así ayuda a las personas que incumplieron un crédito porque fueron afectadas por una crisis mayor y que merecen una segunda oportunidad”. Pues las entidades financieras tienen diversos productos de segunda oportunidad y los ofrecen apenas pueden porque ¡ese es su negocio y de eso viven! Y justamente con más información pueden desarrollarlos más y ofrecerlos más agresivamente, pero no a costas de la salud del sistema financiero en su conjunto ni de sus ahorristas.
Finalmente, este tipo de normativas son muy mala idea porque premian la negligencia a costas del esfuerzo. Debemos dejar de ver a las personas como víctimas de las circunstancias y verlas con todas sus capacidades y potencialidades. El esfuerzo individual hace muchísima diferencia en los resultados y debe ser premiado.
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