El Gobierno avanzó con un decreto que transforma el sistema financiero y vuelve obligatoria la apertura de datos. La medida busca más competencia, innovación y acceso al crédito. Bancos y fintech deberán adaptarse a un nuevo esquema centrado en el usuario.
Colombia dio un paso decisivo hacia la modernización de su sistema financiero al poner en marcha un esquema de finanzas abiertas obligatorio, un cambio estructural que redefine la forma en que circula la información entre bancos, fintech y otros actores del ecosistema. La iniciativa apunta a que los datos financieros de los usuarios, siempre con su consentimiento, puedan ser compartidos entre entidades para mejorar la oferta de productos y servicios.
Los cambios que se dieron en el camino
La medida no surge de un día para el otro. Durante los últimos años, el país operó bajo un modelo voluntario de finanzas abiertas, en el que algunas entidades comenzaron a explorar el intercambio de información como una vía para ofrecer soluciones más personalizadas. Sin embargo, ese esquema tenía un alcance limitado y dependía de la voluntad de cada jugador.
El punto de inflexión llegó con la decisión del Gobierno de avanzar hacia un modelo obligatorio mediante un decreto que modifica el marco regulatorio vigente. Con esta normativa, se establecen las bases para un sistema en el que todas las entidades deberán compartir información bajo estándares técnicos comunes, lo que marca el paso de una lógica cerrada a una arquitectura interoperable.
En este nuevo esquema, los usuarios pasan a tener un rol central. Serán ellos quienes autoricen el uso de sus datos, pudiendo decidir qué información comparten, con quién y por cuánto tiempo. Este cambio no solo fortalece el control sobre la información personal, sino que también abre la puerta a una mayor competencia entre proveedores de servicios financieros.
¿Qué se espera a partir de ahora?
El sistema contempla la participación de múltiples actores. Por un lado, las entidades financieras actuarán como proveedoras de datos; por otro, surgirán terceros capaces de recibir esa información o incluso iniciar pagos en nombre del usuario. Todo esto bajo un marco regulado que fija condiciones de seguridad, estándares tecnológicos y reglas de operación.
La implementación, sin embargo, no será inmediata. El proceso de adaptación implica desafíos técnicos significativos, ya que las entidades deberán desarrollar infraestructuras basadas en APIs, reforzar sus sistemas de ciberseguridad y coordinarse con otros participantes del ecosistema. En ese contexto, el regulador ya prevé plazos extendidos para facilitar la transición.
Más allá de lo técnico, el impacto esperado es profundo. El acceso a datos financieros permitirá a nuevos jugadores diseñar productos más competitivos, lo que podría traducirse en menores costos, mejores tasas y una oferta más amplia para los usuarios. A su vez, facilitará el cambio de proveedor, reduciendo las barreras de entrada y salida en el sistema.
Uno de los principales objetivos de la medida es impulsar la inclusión financiera. Al contar con más información, las entidades podrán evaluar mejor el perfil de los usuarios, incluso aquellos que hoy no tienen historial crediticio tradicional. Esto abre oportunidades para ampliar el acceso al crédito y sumar a más personas al sistema formal.
El avance de Colombia se inscribe en una tendencia global. Países como Brasil y el Reino Unido ya implementaron modelos similares, con resultados positivos en términos de competencia e innovación. En ese sentido, la decisión del Gobierno busca posicionar al país en línea con los estándares internacionales.
La obligatoriedad de las finanzas abiertas no solo redefine el rol de los bancos, sino que también transforma la relación entre las personas y sus datos, en un escenario donde la información se convierte en el eje de la competencia y el desarrollo del sector.
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