La jornada ha comenzado con un récord de participación y una agenda especialmente concentrada en los principales retos del ecosistema jurídico-financiero. Desde la apertura, se ha puesto el foco en la necesidad de avanzar hacia un sistema más ágil, coordinado y eficiente, tanto en el ámbito de la reestructuración empresarial como en la recuperación judicial, incorporando además nuevas dinámicas de interacción con los asistentes para enriquecer el debate.
Durante la mañana, el protagonismo ha recaído en los planes de reestructuración, que se consolidan como una herramienta clave para anticipar situaciones de insolvencia, aunque no exenta de tensiones. Los expertos han coincidido en su utilidad para preservar compañías viables, pero han señalado también la necesidad de reforzar la transparencia, mejorar la formación de clases y evitar usos oportunistas que derivan en una elevada litigiosidad. La evolución de los criterios judiciales y un mayor control en la homologación están contribuyendo a dotar de mayor seguridad al sistema.
En paralelo, se ha abierto un debate más crítico sobre la efectividad real de estos mecanismos. Algunos participantes han puesto sobre la mesa casos en los que las reestructuraciones no logran garantizar la viabilidad empresarial, generando importantes quitas y recuperaciones limitadas para los acreedores. En este contexto, se ha destacado el papel determinante de los avales públicos, especialmente del ICO, como elemento que está sosteniendo el sistema en la práctica, así como el creciente recurso a la venta de carteras como vía alternativa de gestión del riesgo.
La sesión también ha anticipado otros temas clave de la jornada, como el impacto de la Ley Orgánica 1/2025 en los procedimientos hipotecarios, la evolución de los criterios en cláusulas abusivas, el nuevo marco en crédito al consumo y el creciente protagonismo de los MASC, impulsados tanto por el legislador como por el propio Tribunal Supremo.
En conjunto, la mañana ha dejado una idea clara: el sistema está evolucionando, pero el verdadero desafío pasa por encontrar un equilibrio entre eficiencia, seguridad jurídica y viabilidad económica real de las soluciones adoptadas.
