Hasta el 29 de octubre, el supervisor financiero portugués recoge opiniones sobre el proyecto que establece reglas para gestores de créditos y protege a los clientes ante la cesión de préstamos.
El Banco de Portugal (BdP) ha abierto una consulta pública sobre el proyecto de aviso destinado a implementar el Regime da Cessão e Gestão de Créditos Bancários (RCGCB), aprobado por el Decreto-Lei n.º 103/2025 del 11 de septiembre, según informa el propio supervisor. La iniciativa, que estará abierta hasta el 29 de octubre de 2025, tiene como objetivo concretar los procedimientos de autorización de gestores de créditos, los requisitos de registro y las comunicaciones necesarias para la subcontratación de estas actividades.
El proyecto responde a una directiva europea pendiente de transposición desde 2023, que establece las condiciones para la venta de créditos morosos por parte de los bancos a entidades no financieras. Portugal se encuentra en la fase final del proceso legislativo, tras más de 600 días de retraso, lo que motivó la apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea. El RCGCB entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario de la República, prevista para el 10 de diciembre de 2025.
Mayor control sobre gestores y protección del cliente
La consulta pública busca recabar opiniones sobre cuatro aspectos clave: los criterios y procedimientos para autorizar gestores de créditos, la información que debe constar en los registros públicos e internos del BdP, los datos que los gestores deben remitir al banco central si ejercen actividades en otros países de la UE y las comunicaciones relativas a la subcontratación de estas funciones. El proyecto también incorpora las Orientaciones de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre la idoneidad de los órganos de administración y la creación de registros nacionales de gestores de créditos.
La regulación pretende corregir una laguna que dejó a muchos clientes desprotegidos en los últimos años. La venta de créditos morosos, especialmente de préstamos hipotecarios, impedía a los titulares ejercer el “derecho de retoma”, es decir, saldar la deuda y reintegrarse en el pago normal de las cuotas. El Supremo Tribunal de Justicia anuló varias cesiones por considerar que excluían a los clientes de esta protección. Según el BdP, el nuevo régimen consagra el principio de neutralidad de la cesión, asegurando que el mutuario no quede en peor situación jurídica tras la transferencia del crédito.
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