De salvadores a verdugos.
Las ventajas que en un principio parecían ofrecer los préstamos ICO a las pymes se han ido desvaneciendo gradualmente con el paso del tiempo. Lo que inicialmente se percibió como un recurso valioso para sostener al tejido empresarial en un momento de fuerte impacto sobre su actividad como consecuencia de la irrupción de la pandemia, ha terminado convirtiéndose en un verdadero quebradero de cabeza para muchas empresas
En el primer trimestre de 2020, el Gobierno puso a disposición de la banca -no de las pymes- el aval del ICO. El objetivo era asegurar que las empresas dispusieran de la liquidez adicional necesaria para afrontar los meses de disminución de actividad como consecuencia del confinamiento y restricciones de movilidad. Se confiaba, al mismo tiempo, en que en los ejercicios posteriores las empresas habrían recuperado sus niveles de actividad previos a la pandemia y, aunque no sin esfuerzo, podrían comenzar a devolver esos préstamos. Es oportuno señalar aquí que, en términos generales, España tiene un tejido empresarial con bajos márgenes y un elevado endeudamiento, y que este endeudamiento adicional que ahora iba a adquirir le acabaría pesando como una losa. Pan para hoy y hambre para mañana, como dice el dicho popular. Sin embargo, el único mensaje que parecía llegar desde el Gobierno era: “Empresarios, ¡Endéudense!”. Ante esta consigna generalizada y la voracidad de la banca, la contratación de dichos préstamos fue masiva.
En principio, estos préstamos ICO deberían haber supuesto una inyección de liquidez adicional a la financiación de la que ya disponían las empresas hasta ese momento, puesto que el objetivo era paliar la merma de liquidez que sufrieron como consecuencia de la sobrevenida disminución de actividad. No obstante, desde el primer día ya se puso de manifiesto que, más bien, se trataba de un rescate encubierto a la banca, que incorporaría el aval del ICO -aval de todos los contribuyentes, no lo olvidemos- no solo a la nueva financiación que concedieron en ese momento, sino también a las líneas de financiación de circulante preexistente, prestamizando dichas líneas para poderles incorporar el aval del ICO, convirtiéndolas así en parte del rescate.
Como consecuencia, las empresas se encontraron con una situación inesperada: la financiación de circulante, que hasta entonces iban renovando anualmente sin problemas y por la que solo pagaban intereses, se convertía entonces en una financiación con un calendario de devolución que les suponía un nuevo compromiso de pago que no tenían antes de la pandemia. Esto no fue ejecutado por conveniencia ni voluntad de las empresas, sino que fue una imposición de la banca con la complicidad del ICO. Hablando claro y con propiedad: ¡Un rescate a la banca en toda regla!
Durante los primeros años, las empresas, en determinadas condiciones y asumiendo un empeoramiento de las condiciones económicas pactadas inicialmente, se han podido ir acogiendo a sucesivas carencias de amortización de capital. Sin embargo, desde hace ya algunos meses, la gran mayoría de empresas están teniendo que afrontar el pago de elevadas cuotas de devolución de capital que tensionan su tesorería. Este escenario se produce, además, en un contexto económico que dista de la normalidad debido a los posteriores acontecimientos que se han ido sucediendo y acumulando, como la guerra de Ucrania, el incremento del coste de las materias primas, de la energía y del tipo de interés, entre otros.
En estos momentos, finalizados los períodos de carencia, estos préstamos ya no tienen el interés fijo competitivo que se pactó al inicio, sino que están sujetos a unos diferenciales muy elevados y un Euribor que ha escalado hasta niveles impensables hasta hace poco tiempo. Pero, sobre todo, el aval del ICO supone ahora, en la inmensa mayoría de casos, la imposibilidad de renegociar de forma bilateral entre empresas y bancos la flexibilización del calendario de devolución, puesto que, de hacerlo, los bancos perderían el aval del ICO, que ahora actúa como un corsé. En este escenario, los bancos se mantienen inflexibles, sabiendo que en el peor de los casos recuperarán del ICO el 80%, lo que deja a las empresas en una situación de asfixia financiera.
Al final, los avales proporcionados por el ICO han terminado siendo una forma encubierta de ayuda estatal al sector bancario. En consecuencia, los contribuyentes han acabado rescatando a las entidades financieras, mientras que muchas empresas, que deberían haber sido las principales beneficiarias, no lo han sido y ni siquiera han experimentado mejoras destacadas. Esta situación ha generado un desequilibrio en el sistema, donde el apoyo gubernamental destinado a mantener la liquidez y la solvencia financiera de las empresas se ha desviado hacia la estabilización del sector bancario y a un incremento de su rentabilidad que no se había visto nunca antes.
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