La tecnología es ya la columna vertebral de cualquier negocio y los contratos tecnológicos han pasado de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica. Sin embargo, cuando no se abordan con el rigor jurídico adecuado, pueden derivar en conflictos legales, pérdidas económicas e incluso comprometer la continuidad del propio proyecto.
Los contratos tecnológicos regulan la adquisición, desarrollo, mantenimiento o uso de soluciones digitales: software, licencias, servicios cloud, ciberseguridad, SaaS o soporte técnico. Aunque están presentes en el día a día de la mayoría de las empresas, muchos se redactan sin tener en cuenta los riesgos legales que implican. Basta una cláusula ambigua, una laguna en protección de datos o una redacción poco precisa para abrir la puerta a litigios complejos y costosos.
La técnica jurídica no es un extra, es una garantía. Redactar cláusulas genéricas sobre el objeto del contrato es uno de los errores más frecuentes. Expresiones como “desarrollo de software” o “mantenimiento IT” no detallan funcionalidades, estándares técnicos ni plazos. Esa falta de concreción puede acabar en reclamaciones por incumplimiento e indemnizaciones cuantiosas, especialmente si se alega lucro cesante o daño emergente.
No limitar la responsabilidad por daños indirectos es otro fallo habitual. Una caída de servidor puede suponer pérdidas de miles de euros por hora. Si el contrato no establece límites claros, la parte afectada podrá reclamar la totalidad de los daños sufridos. Incumplir la normativa de protección de datos es un riesgo serio. Cualquier contrato que implique servicios tecnológicos suele tratar datos personales, y no cumplir con el RGPD o con la legislación española puede derivar en sanciones de hasta 20 millones de euros o el 4 % del volumen anual de negocio.
También es frecuente descuidar la protección de la propiedad intelectual. Si no se protege el código fuente, por ejemplo, a través de un sistema de escrow, el trabajo desarrollado puede ser utilizado por terceros (incluso competidores) sin posibilidad de defender ni recuperar la inversión. Otro punto crítico es no adaptar los contratos a la nueva normativa europea. La Directiva NIS 2, que se incorporará pronto al derecho español, obligará a muchas entidades a reforzar sus contratos en materia de ciberseguridad.
En sectores como energía, salud o transporte, será imprescindible incorporar cláusulas que garanticen la continuidad del servicio, definan indicadores de rendimiento y establezcan penalizaciones en caso de incumplimientos. A todo ello se suma la ausencia de mecanismos de resolución alternativa de conflictos. No prever fórmulas como la mediación o el arbitraje puede hacer que un desacuerdo se convierta en un litigio largo, caro y dañino para la reputación empresarial. Y quizá lo más preocupante: redactar contratos sin asesoramiento jurídico especializado. Es un error más común de lo que parece, y puede convertir un documento clave en una fuente de problemas.
La experiencia legal, en estos casos, no es un gasto: es una inversión. No podemos continuar viendo que los contratos tecnológicos no son simples papeles. Son escudos legales. Evitar estos errores es vital para proteger la estabilidad jurídica, económica y reputacional de tu empresa.
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