En la última década, la industria bancaria ha experimentado una clara transformación, impulsada por la tecnología y la necesidad de innovación en la forma en que se prestan los servicios financieros. Y en el epicentro de esta revolución, nos encontramos como protagonista a dos términos que han redefinido la relación entre los bancos, los usuarios y las Fintech. Hablo del open banking y la normativa PSD2 (Payment Services Directive, por sus siglas en inglés).
Han pasado varios años desde la entrada en vigor de PSD2 y la progresiva implantación del open banking. Echando la vista atrás, hoy podemos afirmar que su adopción ha supuesto una revolución en toda regla, en la que los bancos y otros players financieros colaboran y, al mismo tiempo, compiten por brindar unos servicios cada vez más adaptados a las necesidades y exigencias de los consumidores.
Un cambio de paradigma en la relación con los clientes que ha estado sustentado por la directiva PSD2 actuando de catalizador clave para la adopción del open banking. Un potencial que va más allá del simple cumplimiento y que el cliente minorista ha visto reflejado en una mayor adaptación a las nuevas tecnologías, una mejora de la eficiencia y una mayor personalización de los servicios financieros. Hablamos de un factor clave en el proceso de democratización de estos servicios. El consumidor ahora está en el centro de todo y tiene la última palabra a la hora de decidir dónde y cómo se emplean sus datos para poder obtener de manera rápida e inclusiva los servicios que necesita en cada momento.
Su mayor exponente es, indudablemente, los pagos electrónicos –con tarjeta de débito o crédito como instrumento de pago subyacente–. Sin embargo, este modelo va mucho más allá gracias a la agregación de datos bancarios y su alto nivel de transparencia y trazabilidad, garantizando unos niveles adecuados de seguridad y transformándose en un medio eficaz para evitar el fraude. Otorga una mayor transparencia y control sobre las finanzas personales y ha permitido a los usuarios tomar decisiones más informadas sobre cómo administrar su dinero.
No obstante, junto con los beneficios, surgen desafíos importantes. Los bancos tradicionales se enfrentan a la presión de mantenerse relevantes en un mercado donde las Fintech emergentes están innovando rápidamente. Un terreno fértil para las alianzas estratégicas que está dando lugar a servicios contables y fiscales integrados, mejoras en la gestión del flujo de caja, financiación a medida basada en el análisis histórico de datos bancarios, así como la agregación de cuentas o productos a medida basados en el historial de transacciones, por citar algunos ejemplos. A medida que más players ingresan al espacio financiero, la competencia se intensifica y los bancos deben esforzarse por ofrecer propuestas de valor distintivas para retener a sus clientes.
Por otro lado, encontramos que el desafío de crecer no solo afecta a las personas, también a las normativas. La PSD2 se hace mayor y la Comisión Europea es consciente de ello. La publicación reciente de la propuesta de una PSD3 marca un hito importante en el proceso normativo de la UE y busca proporcionar un mayor grado de claridad en aspectos como el fraude, los derechos de los consumidores, la optimización del funcionamiento del open banking o la homogeneización y el funcionamiento del sector de pagos de la UE, entre otros.
Paralelamente, también pretende establecer un marco para el acceso a los datos financieros, a través de la iniciativa de Open Finance, para fijar claramente los derechos de los consumidores y las obligaciones de los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) a la hora de gestionar el intercambio de datos de los usuarios. Y es que, otro de los aspectos que ha surgido es la cuestión de la propiedad de los datos. A medida que los usuarios comparten sus datos financieros con diferentes empresas, surge el debate sobre quién es el propietario legítimo de esos datos. Los usuarios deben tener el control y la capacidad de revocar su consentimiento en cualquier momento, lo que requiere una clara regulación y normativas que protejan los derechos de los consumidores.
Una diferencia clave con respecto a la PSD2 es que este nuevo reglamento se centra en permitir el acceso y el uso de datos de más servicios financieros y no solo de los relacionados con cuentas de pago. El open banking ha empujado a la UE a una regulación simétrica en el acceso a la información. De este modo, los bancos han conseguido que las grandes tecnológicas tengan que abrirse a compartir los datos que poseen, como ya lo hicieron ellos con el open banking, si los usuarios así lo desean. Esto ofrece a los usuarios la posibilidad, pero no la obligación, de compartir datos con otros usuarios, obligar a los responsables de los datos de los usuarios a facilitarlos a terceros, proporcionar a los usuarios pleno control sobre quién puede acceder a sus datos o con qué finalidad y establecer un régimen claro de responsabilidad en caso de filtración de datos.
Con independencia de la propuesta legislativa resultante, podemos afirmar que el cambio de paradigma hacia el open banking y la implementación de la normativa PSD2 han marcado un hito significativo en la industria financiera. La colaboración entre bancos tradicionales, Fintech y proveedores de servicios de pago ha creado un ecosistema financiero más interconectado y competitivo. Los usuarios se benefician de una mayor personalización y control sobre sus finanzas, pero también deben abordar cuestiones de seguridad y privacidad. A medida que esta transformación continúa evolucionando, es esencial que los reguladores, las instituciones financieras y los consumidores trabajen en conjunto para establecer un equilibrio entre la innovación y la protección de datos en esta nueva era financiera.
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