El país impulsa un sistema financiero más justo y seguro, donde la eficiencia del mercado convive con la protección del deudor y la información clara sobre la gestión de créditos.
El mercado financiero portugués inaugura una etapa marcada por la transparencia y la protección del consumidor. La aprobación del Decreto-Ley n.º 103/2025, de 11 de septiembre, transforma la gestión de créditos no productivos y alinea la legislación nacional con la directiva europea (UE) 2021/2167, incorporando principios de equidad, responsabilidad y claridad en las operaciones financieras.
En el centro de esta reforma está el equilibrio entre la eficiencia del mercado y la seguridad del deudor. Por un lado, se busca impulsar el mercado secundario de créditos, permitiendo a las entidades liberar activos y dinamizar la economía. Por otro lado, se establece una protección robusta para los ciudadanos, garantizando que la cesión de sus deudas no comprometa sus derechos ni su estabilidad financiera. El decreto puede descargarse completo en la web del Diário Da República.
Un régimen más claro y seguro para el deudor
El decreto introduce un nuevo régimen de cesión y gestión de créditos bancarios (RCGCB), que define con precisión los requisitos para cesionarios y gestores de créditos. Toda cesión debe comunicarse al deudor y gestionarse exclusivamente a través de entidades supervisadas, asegurando transparencia y responsabilidad en cada operación.
Entre las medidas más relevantes destaca el secreto profesional, equivalente al secreto bancario, que protege la información personal y financiera del deudor. Además, los gestores de créditos deberán cumplir estrictos estándares de conducta, actuando siempre con lealtad y respetando los intereses legítimos del deudor. Prácticas abusivas o desleales quedan expresamente prohibidas.
El Banco de Portugal asume un rol central en la supervisión de este nuevo marco. La institución fiscalizará tanto a las entidades gestoras como a los cesionarios, pudiendo imponer sanciones o suspender actividades ante incumplimientos. Esta supervisión garantiza que la transparencia y la neutralidad no sean solo normas formales, sino una realidad tangible para todos los actores del sistema financiero.
Asimismo, el decreto refuerza el funcionamiento de la Central de Responsabilidades de Crédito (CRC), optimizando la exactitud de la información crediticia y ofreciendo beneficios tanto a instituciones financieras como a consumidores.
En definitiva, el Decreto-Ley n.º 103/2025 no solo cumple con la transposición de la directiva europea, sino que establece un modelo ejemplar de protección al consumidor financiero. Portugal se consolida como referente en un sistema donde la eficiencia del mercado y la justicia hacia los deudores avanzan de la mano, sentando las bases de un entorno financiero más transparente, equitativo y responsable.
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