Los dos sectores se están reuniendo con el Gobierno para alcanzar algún tipo de acuerdo antiestafas que permita la autenticación de llamadas o el bloqueo de estafadores.
La Banca y las telecomunicaciones están negociando un plan antiestafas para frenar la ola de llamadas fraudulentas, según informa Cinco Días. Durante las últimas semanas, ambos sectores han estado en negociaciones con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para examinar la posibilidad de establecer un acuerdo de colaboración para prevenir el fraude financiero a los usuarios mediante llamadas telefónicas.
Este acuerdo se ha convertido en una urgencia debido a la avalancha de casos que se han ido produciendo desde la segunda mitad del año pasado. El Gobierno, los bancos y compañías de telecomunicaciones han estado llevando a cabo encuentros con el propósito de buscar una solución tanto técnica como normativa que posibilite la autenticación de llamadas o el bloqueo de estafadores.
¿Quién tiene la responsabilidad?
Se han incrementado las preocupaciones sobre estafas dirigidas a acceder a cuentas bancarias y robar ahorros, destacando las llamadas telefónicas que falsifican números de oficinas bancarias, conocidas como vishing. En este tipo de engaños, los piratas informáticos se hacen pasar por empleados bancarios, alertan a los clientes sobre supuestos ataques a sus cuentas y solicitan claves y contraseñas para detener la fuga de dinero, aprovechando la oportunidad para realizar transferencias fraudulentas.
Según bancos, despachos y asociaciones de consumidores, en la mayoría de los casos, los clientes no logran recuperar el dinero robado. Aunque la normativa obliga a los bancos a reembolsar operaciones no autorizadas, esto se aplica solo si no hubo negligencia por parte del cliente. El principal obstáculo radica en la percepción de que al proporcionar claves y contraseñas al estafador, el usuario no fue lo suficientemente precavido para proteger sus datos.
“Para que el banco se haga cargo, el engaño tiene que ser bastante sofisticado. Un ciudadano medio tiene que tener atención. En estos casos hay que ver si las entidades han puesto previamente en aviso a la clientela y si el cliente ha atendido a determinados requerimientos. Como ciudadanos tenemos que tener el debido cuidado. Si la entidad cumple con los protocolos de seguridad, no tendría responsabilidad”, explica Ruperto Guerra, director de TCM Legal.
Las entidades bancarias, por su lado, defienden que las estafas telefónicas no son responsabilidad suya porque no implican un hackeo a sus sistemas ni brechas en la seguridad. A pesar de ello, estas mismas indican que la intención es mejorar la seguridad para los clientes y no dejarlos desamparados ante la pérdida de sus ahorros.
Necesidad urgente
Las negociaciones a tres bandas buscan que todos los sectores relacionados con el fraude asuman responsabilidad y colaboren en la implementación de medidas preventivas. Según fuentes informadas sobre las conversaciones entre banca, empresas de telecomunicaciones y el ministerio correspondiente, se están discutiendo posibles marcos normativos que permitan a todos los actores garantizar la protección de datos y la confidencialidad de la información. Aunque las conversaciones se centran en alcanzar un consenso, se ha intensificado el contacto para lograr una solución lo más pronto posible.
En otros países ya se han implementado acuerdos similares entre diversas industrias, como el proyecto Stop Scams UK en el Reino Unido, donde bancos, teleoperadoras y grandes empresas tecnológicas colaboran para combatir estafas recopilando información sobre los estafadores y cerrando sus operaciones fraudulentas.
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