Dos directivos de la empresa de recobro DPS Consulting han sido condenados a casi dos años de prisión por idear un sistema institucionalizado de presión e intimidación para reclamar deudas de sus clientes.
Hechos
El viernes 3 de julio de 2020, aproximadamente a las 13:15 horas, Yolanda recibió una llamada de Esther, gestora en la empresa DPS Consulting (actualmente Pares Seixas), subcontratada por Endesa para la gestión de cobro de sus expedientes de deuda. Durante la llamada, Esther simuló pertenecer al servicio de notificaciones judiciales y de embargos del Juzgado, y la presionó para que pagara la cantidad total de 2.369,43 euros que Yolanda adeudaba a la energética por impago de facturas de suministro entre el 1 de marzo de 2015 y el 19 de febrero de 2018. La gestora le dió como fecha máxima para saldar la deuda el 8 de julio de ese mismo año, es decir, un total de cinco días, bajo pretexto de que si no lo hacía, se procedería a cortarle el suministro de la luz y a embargar sus cuentas bancarias.
Yolanda tenía reconocida una situación de vulnerabilidad por falta de recursos económicos, hecho que constaba en la base de datos de DPS Consulting. La empresa de recobro, por su parte, tenía derecho a percibir de Endesa un 18% sobre el importe de la deuda recuperada. Cabe destacar, además, que DPS Consulting tiene otros clientes como Naturgy y Aguas de Barcelona. La denunciante, consciente de la gravedad de la llamada, la grabó y en dicha grabación se reconoce a Esther manifestando que tenía dos órdenes judiciales para notificar que el 8 de julio intervendrían y bloquearían todas las cuentas bancarias, ingresos, así como, hipoteca, alquileres, préstamos o recibos de Yolanda.
Días más tarde, Yolanda contactó con la Oficina de Atención al Ciudadano de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde le informaron que no existía ningún procedimiento de ejecución civil contra ella en relación a la reclamación de Endesa Energía. Así pues, con intención de buscar ayuda ante esta situación turbulenta, acudió a la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) con la grabación de la llamada. A partir de este momento, la APE inició un proceso judicial que pondría fecha al juicio para el 8 de febrero de 2023, resultando en la sentencia dictada el pasado 27 de julio, y a la que ha accedido Open Hub News.
¿Qué dictamina la sentencia?
Casi siete meses después del juicio, la sentencia fue resuelta por la magistrada del Juzgado de lo Penal núm. 18 de Barcelona. Esta confirma que para el cobro de las deudas, el socio administrador y acusado Ricard. P. F, actuando conjuntamente con la directora general de Pares Seixas y acusada Giorgia D.R., “elaboraron un esquema de actuación para lograr el pago de las deudas pendientes, mediante el empleo de mecanismo conminatorios, conocidos como ‘llamadas especiales’, en las que simulaban llamar desde el servicio de notificaciones judiciales y amedrentaban a los deudores con cortarles el suministro y con embargarles las cuentas bancarias, si no pagaban la deuda antes de un tiempo establecido”.
La trabajadora Esther, durante el juicio, declaró que la llamada “se realizó siguiendo un guión facilitado por el acusado Ricard P.F. y Giorgia D.”. Adicionalmente, Esther también explicó que “ellos les han hecho creer que tienen la competencia del juzgado para hacer estas llamadas” y que “cada mitad de mes les reunían los acusados Giorgia y Ricard para exigirles números”. Durante la declaración de la gestora, citó que “Giorgia les decía que el teléfono tenía que echar humo, que tenían que llamar y colgar, llamar y colgar, que les decían que tenían la competencia judicial para hacerlo y como ellos son abogados, ella se lo creía”. También añadió que estaban obligados a realizar 56 llamadas cobradas al día.
La sentencia (que no es firme todavía) condena a Ricard P. F. y a Giorgia D.R. a un año y ocho meses de prisión por delito de coacciones, y a Esther a seis meses de prisión por el mismo delito. Asimismo, en comparación con la denuncia inicial, la magistrada absolvió a Ricard, Giorgia y Esther del delito de estafa en tentativa y del delito de usurpación de funciones públicas, por el que se les acusaba.
Valoración de las partes involucradas
En una entrevista realizada por Open Hub News a María Campuzano, portavoz de la APE, ha valorado la relevancia de una sentencia como esta: “es pionera en cuanto al acoso en la reclamación de deudas de suministros básicos pero, sobre todo, por esta condena a los directivos que no es nada habitual”. En este sentido, la portavoz señala que el caso de Yolanda no es el único: “DPS consulting no es la única empresa de recobros que se dedica a acosar a familias en situación de vulnerabilidad para reclamar deudas de empresas de suministros básicos, no sólo de energía sino también de agua”, describe, “en este caso, este tipo de llamadas especiales, que nosotras sepamos, está muy identificado con DPS Consulting, pero hay otras empresas que utilizan otras estrategias como amenazas vía cartas, amenazas con llamadas diarias, por SMS… acoso por tierra, mar y aire”.
A pesar del éxito de la condena a dos personas de alto cargo, la magistrada del Juzgado de lo Penal núm. 18 de Barcelona absolvió a DPS Consulting del delito de estafa en tentativa por el que se le acusaba. Sobre la posibilidad de presentar un recurso de apelación para conseguir la sentencia a la DPS Consulting como entidad jurídica, Campuzano responde: “Nosotras tenemos claro que los hechos probados son indiscutibles”, continua, “estamos valorando todavía la oportunidad de presentar un recurso con el objetivo de que esta sentencia sea lo más ejemplarizante posible”.
Según la portavoz de la APE, “esta sentencia tiene que servir para que ninguna persona más pase por lo que pasó Yolanda, y por eso tiene que significar el fin de impunidad de este tipo de empresas de recobro al servicio de grandes energéticas como Endesa”. Campuzano insiste en que seguirán exigiendo “porque, a día de hoy, Endesa sigue trabajando con esta empresa, a pesar de que ya hay una sentencia condenando a los directivos por coacciones”.
Míriam Filella, responsable de comunicación de Endesa en Cataluña, ha dado una breve valoración a Open Hub News sobre la situación: “Parés Seixas (DPS Consulting) tienen actualmente un contrato abierto con nosotros y siguen gestionando procesos de recobro mientras la sentencia no sea firme”. La responsable de comunicación ha informado que Parés Seixas ha recurrido la sentencia y que, una vez ésta sea firme, “ en caso que se mantenga la acusación a personas físicas por coacción, tomaremos la decisión que corresponda”. Asimismo, ha añadido que “Endesa en ningún caso acepta prácticas incorrectas” y que “dispone actualmente de una herramienta de ‘inteligencia artificial’ que nos permite controlar todas las llamadas que realizan nuestros proveedores de empresas de recobro para garantizar que se ajusten a la legalidad y a los procedimientos establecidos por la propia empresa”.
Aunque DPS Consulting (Pares Seixas) no se encuentra entre los asociados la Asociación Nacional de Empresas de Gestión de Créditos (Angeco), Open Hub News ha querido conocer su opinión al ser la asociación más representativa del sector de la recuperación de crédito y englobar a la mayor parte de las empresas nacionales e internacionales que operan en España. Desde la asociación han señalado que “Angeco cuenta con un código ético y de conducta de obligatorio cumplimiento para todos sus asociados que, precisamente, tiene como objetivo evitar este tipo de situaciones”, prosiguen, “estableciendo un conjunto de principios y normas tendientes a guiar las actuaciones de los asociados, garantizando el respeto a los derechos de empleados, clientes y deudores mediante la claridad, la transparencia, la confidencialidad y el trato justo y digno a los deudores”.
Angeco también ha recalcado su fiabilidad: “desde Angeco insistimos en la importancia que tiene que las empresas, a la hora de contratar servicios de recuperación de deuda, se aseguren de hacerlo con una empresa asociada a Angeco para evitar este tipo de situaciones que no deberían producirse y tienen un alto coste reputacional”.
La APE no ha mantenido contacto con Endesa ni durante ni después de todo el proceso judicial: “nosotras esperábamos que Endesa se pusiera en contacto con Yolanda para pedirle disculpas en primer lugar, y ponerse a su disposición si necesitaba algo, y eso no ha pasado”, ha expresado María Campuzano. La magistrada ha sentenciado en concepto de responsabilidad civil que Ricard, Giorgia y Esther deben indemnizar de manera conjunta y solidaria a Yolanda con 250 euros, siendo responsable civil subsidiaria DPS Consulting.
Después de múltiples intentos de contactar con DPS Consulting (Pares Seixas), Open Hub News no ha recibido respuesta.
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