El Ministerio de Vivienda abre un plazo de aportaciones hasta el 4 de noviembre para definir la posición española ante la Ley Europea de Vivienda Asequible, que plantea criterios comunes para evaluar la tensión residencial y justificar actuaciones públicas.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha abierto una consulta pública sobre la propuesta de Reglamento europeo para salvaguardar la asequibilidad y la disponibilidad de la vivienda, conocida como Affordable Housing Act. Las contribuciones servirán para elaborar el Estudio de Impacto de la Propuesta Legislativa Europea y orientar la posición española durante su negociación en las instituciones comunitarias.
La iniciativa, presentada por la Comisión Europea el 9 de septiembre de 2026, busca aportar mayor seguridad jurídica a las administraciones cuando adoptan medidas para proteger el acceso a la vivienda. Su planteamiento combina un marco para evaluar determinadas intervenciones con recomendaciones destinadas a acelerar la oferta residencial.
Ley Europea de Vivienda Asequible: criterios para justificar las medidas
La propuesta de Reglamento establece una metodología común para demostrar la existencia de tensión residencial y evaluar la justificación, necesidad y proporcionalidad de determinadas actuaciones. También incorpora requisitos de transparencia y revisión.
Su ámbito comprende medidas que afectan a los alquileres de corta duración y a determinadas formas de adquisición o uso de inmuebles residenciales. El texto mantiene las competencias nacionales, autonómicas y locales sobre política de vivienda, dentro del marco del derecho europeo.
Las autoridades conservarían la capacidad de decidir si intervienen y qué actuaciones responden mejor a las circunstancias de cada territorio. Para ello, deberán apoyarse en evidencias y vincular las medidas a las presiones identificadas en el mercado residencial.
Ampliar la oferta forma parte de la respuesta europea
El marco regulatorio se acompaña de una recomendación de la Comisión para incrementar la disponibilidad de vivienda asequible, social y para estudiantes. Entre las líneas de actuación figuran un mejor aprovechamiento del suelo y de los edificios existentes, así como la simplificación de los procedimientos de planificación y autorización.
Para promotores, inversores y gestores, este doble enfoque sitúa el debate tanto en las condiciones de intervención sobre el parque existente como en la capacidad de incorporar vivienda al mercado. Desde una perspectiva sectorial, la consulta ofrece una oportunidad para aportar datos sobre los efectos de las distintas medidas en la inversión, la oferta y la gestión residencial.
Aportaciones hasta el 4 de noviembre
La consulta española está abierta a ciudadanos, organizaciones, asociaciones, administraciones, expertos y agentes económicos. Las aportaciones podrán remitirse hasta el 4 de noviembre de 2026, mediante el formulario habilitado por el Ministerio.
Entre los asuntos sometidos a valoración se encuentran la subsidiariedad de la iniciativa, su relación con las competencias administrativas y sus posibles efectos económicos y sociales. El procedimiento permitirá trasladar estas consideraciones a la posición negociadora española sobre el futuro marco europeo.
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