El Banco Central de la República Argentina avanzó en una actualización normativa sobre proveedores de servicios de pago (PSP) que introduce la figura del PSPCP como servicio y redefine las responsabilidades dentro del ecosistema fintech. Desde el Central indican que la medida apunta a fortalecer la supervisión, mejorar la trazabilidad de los fondos y alinear el sistema local con estándares internacionales.
El BCRA actualizó el marco regulatorio aplicable a los proveedores de servicios de pago (PSP) con una serie de modificaciones que impactan directamente en el funcionamiento del ecosistema de billeteras digitales y plataformas fintech. El eje central de la norma es la incorporación de la figura del PSPCP como servicio, un esquema que formaliza la prestación de cuentas de pago a través de terceros, como aplicaciones, marketplaces u otras plataformas digitales.
Hasta ahora, este tipo de operatoria funcionaba en una zona regulatoria difusa, donde la experiencia del usuario estaba desacoplada del proveedor efectivo de la cuenta. Con la nueva normativa, el regulador establece que el cliente de la interfaz —es decir, de la app o plataforma— pasa a ser formalmente cliente del PSP que brinda la cuenta, lo que implica una asignación directa de responsabilidades sobre los fondos y la operatoria.
¿Qué se viene con las nuevas regulaciones del BCRA?
Con esta nueva actualización, los PSP deberán definir con claridad quién custodia los fondos, quién responde ante eventuales reclamos de los usuarios y qué entidad es responsable del cumplimiento de obligaciones regulatorias, como los procesos de identificación de clientes y prevención de lavado de dinero. Esta definición apunta a reducir los riesgos derivados de estructuras white label o esquemas de tercerización con bajo nivel de transparencia.
Otro de los cambios relevantes es el fortalecimiento del régimen informativo. A partir de ahora, los PSP estarán obligados a reportar al BCRA detalles sobre su operatoria, incluyendo las entidades financieras con las que trabajan, si ofrecen servicios bajo el esquema as a service y el listado de terceros con los que mantienen integraciones activas. Esta información permitirá al regulador contar con una visión más completa del mapa de relaciones dentro del sistema de pagos.
Las empresas ya registradas dispondrán de un período de 90 días para adaptarse a los nuevos requerimientos, mientras que se amplía a 12 meses el plazo para que nuevos PSP inicien operaciones desde su inscripción. Según fuentes oficiales, esta extensión busca mitigar riesgos operativos y garantizar la estabilidad técnica en un contexto de creciente complejidad en las integraciones tecnológicas.
Control oficial y seguridad para el usuario
En paralelo, el BCRA amplía las causales que pueden derivar en la suspensión o baja del registro de PSP, reforzando su capacidad de supervisión y control. Este punto resulta central en un contexto donde el crecimiento del ecosistema fintech incrementó la necesidad de mecanismos más robustos.
Desde una perspectiva sistémica, la medida se inscribe en una tendencia más amplia de regulación de embedded finance, donde los servicios financieros se integran de forma transparente dentro de experiencias digitales no financieras. En este modelo, la interfaz de usuario y la infraestructura financiera suelen estar desacopladas, lo que introduce desafíos en términos de responsabilidad, supervisión y gestión de riesgos.
La actualización normativa del BCRA apunta precisamente a cerrar esas brechas. Al establecer que la responsabilidad recae sobre el proveedor de la cuenta —independientemente del canal a través del cual se ofrezca—, el regulador avanza hacia un esquema basado en funciones más que en tipos de entidades, en línea con prácticas adoptadas en otros mercados de la región y a nivel internacional.
En términos de impacto, el nuevo marco tiende a favorecer a los actores con mayor capacidad de cumplimiento regulatorio y estructuras operativas consolidadas, al tiempo que eleva las barreras de entrada para modelos más pequeños. Para los usuarios, podría entenderse que estas medidas implican un refuerzo en la protección de sus fondos y una mayor claridad sobre quién responde ante eventuales contingencias.
Con esta medida, el BCRA da un paso adicional en la evolución del sistema de pagos argentino, en un contexto donde la digitalización financiera avanza hacia modelos cada vez más integrados, pero también más exigentes en materia de regulación y supervisión.
