La Ley de Segunda Oportunidad se ha consolidado en España como una vía real para que miles de ciudadanos puedan rehacer su vida sin deudas, pero su creciente uso plantea nuevos desafíos.
La Ley de Segunda Oportunidad, en vigor en España desde 2015, nació para ofrecer una salida digna a quienes lo han perdido todo. Está pensada para personas físicas atrapadas en situaciones financieras, permitiéndoles cancelar obligaciones y empezar de nuevo. Es un respiro legal que, para muchos, ha sido también un punto de inflexión vital.
Con el tiempo, esta figura ha ganado visibilidad. Lo que antes era terreno de especialistas jurídicos, ahora forma parte del lenguaje cotidiano. Cada vez más ciudadanos la conocen, más despachos la promueven y aumentan las solicitudes en los juzgados tras la reforma concursal 16/2022 que amplió la relación de deudas exonerables a las contraídas con la AEAT y la seguridad social, e introdujo la posibilidad de la exoneración sin necesidad de liquidar el patrimonio del concursado.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, los órganos judiciales registraron 18.017 concursos de acreedores en el primer trimestre de 2025, lo que supone un aumento del 37 % respecto al mismo periodo del año anterior. El principal motor de este crecimiento ha sido el auge de los procedimientos iniciados por personas físicas no empresarias, que aumentaron un 61% entre enero y junio de 2025 hasta alcanzar los 24.432 casos. Cataluña encabeza el ranking con 6.108 concursos (25%), seguida por Madrid con 3.761 concursos (15%), Andalucía 3.356 concursos (14%) y la Comunidad Valenciana 3.038 concursos (12%).
El Observatorio de Insolvencia Personal del ICAB estima que aproximadamente el 95% de estos procedimientos se resuelven favorablemente, lo que significa que la gran mayoría de los solicitantes logran finalmente la exoneración de sus deudas y pueden empezar de nuevo sin esa carga financiera. Para muchos ciudadanos, esta ley ha sido una tabla de salvación. Una vía real para cerrar un capítulo difícil y empezar de nuevo. La democratización del acceso, en este caso, es una excelente noticia. Pero también ha traído consigo nuevas tensiones, interrogantes y riesgos que no se pueden ignorar.
El auge del fenómeno ha sido tal que incluso personajes conocidos como Bertín Osborne o Los Morancos han respaldado públicamente un despacho especializado en estos procesos. El problema es que la difusión de esta medida, pensada inicialmente por la directiva europea para los autónomos, está siendo utilizada en algunos casos de forma injustificada y torticera, ante la indefensión por parte de los distintos financiadores con gran impacto en sus cuentas de resultados.
Ahí es donde la tecnología (y en concreto, la Inteligencia Artificial) empieza a desempeñar un papel relevante. Cada vez más entidades financieras y empresas de crédito reclaman herramientas que les permitan identificar, de forma ágil y con datos objetivos, si un caso presenta indicios de mala fe o negligencia. Y, en caso afirmativo, poder actuar.
En pfsTECH lo hemos visto de cerca. Nuestros clientes necesitan soluciones que automaticen tareas que hasta ahora eran manuales: desde redactar escritos de comunicación de créditos, hasta decidir si conviene personarse en un procedimiento concursal. Pero también nos piden ir un paso más allá, detectando anomalías, anticipando riesgos y optimizando recursos.
Esto nos ha llevado a desarrollar sistemas que analizan en tiempo real qué deudores han iniciado un proceso concursal. A partir de ahí, se generan alertas que permiten reaccionar a tiempo: detectar solicitudes indebidas, ajustar provisiones o incluso defender sus intereses si hay indicios de fraude. Esto ayuda a nuestros clientes a priorizar sus recursos, centrarse en los casos con más probabilidad de éxito y reducir pérdidas evitables.
Durante años, muchos acreedores no se personaban en los procedimientos concursales de personas físicas. Lo daban por perdido. Pero el aumento de casos y la creciente sofisticación de algunas solicitudes han cambiado esta situación. Defender los intereses propios no significa bloquear procesos, sino asegurarse de que se ejecutan con transparencia, equidad y todos los datos sobre la mesa.
Uno de los puntos claves es la identificación del inicio de concurso en tiempo y forma, lo que permite por una parte la comunicación formal de la empresa al Juzgado y la correcta clasificación contable del riesgo. Este paso, aunque sencillo, puede marcar la diferencia. Automatizar este trámite además de reducir carga operativa, es una forma directa de que las entidades puedan protegerse ante futuras solicitudes indebidas por parte del cliente.
El potencial de la IA no se limita al seguimiento. También permite, con suficiente histórico, generar modelos predictivos que ayuden a perfilar comportamientos de riesgo. No para excluir, sino para enfocar mejor las políticas de prevención, anticiparse a situaciones complejas y evitar decisiones precipitadas en la concesión de crédito.
La Ley de Segunda Oportunidad debe seguir siendo lo que promete: una oportunidad. Protegerla no es cuestionar su existencia, sino más bien dotarla de herramientas para que cumpla su función sin desviarse. En eso estamos trabajando, para construir una vía que sea justa, tanto para quien necesita empezar de nuevo como para quien prestó confianza.
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