La sociedad pública adaptará sus contratos de gestión y priorizará perfiles más próximos al territorio ante el nuevo mapa de su cartera inmobiliaria
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) encara la recta final de su mandato con una estrategia de adaptación a su cartera actual y los desafíos de mercado. En su Informe Semestral de Actividad 2024, la entidad señala que la naturaleza de los activos que aún conserva —en su mayoría suelos de pequeña escala ubicados en zonas poco pobladas— obliga a modificar los contratos con sus ‘servicers’ y a apoyarse en compradores locales durante los próximos años.
Sareb justifica esta reconfiguración por la necesidad de una gestión más capilar y arraigada en el territorio, con el objetivo de optimizar la venta de suelos y viviendas antes de su disolución prevista para 2027. Además, el alargamiento de los plazos judiciales para transformar activos complica la rentabilidad de las operaciones, lo que ha llevado a la entidad a elevar sus exigencias en cuanto al retorno necesario para ejecutar las transformaciones.
Revisión de contratos y tensiones políticas
Actualmente, Sareb opera con cinco ‘servicers’, pero solo uno de sus contratos —el firmado con Serviland— supera la barrera de 2026. Otros dos contratos relevantes, con Hipoges y Anticipa-Aliseda, vencen este verano, aunque podrían extenderse hasta 2027. Ambos gestionan activos por un valor conjunto de más de 25.000 millones de euros, pero su continuidad está en entredicho. La situación se complica por factores políticos: partidos como ERC y Bildu han instado al Gobierno a no renovar el contrato con Hipoges, al estar vinculado con el fondo israelí KKR, que ya ha anunciado su venta a Pollen Street.
A esta complejidad contractual se suma la incertidumbre respecto al futuro de estos servicios tras el traspaso progresivo de activos de Sareb a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), en virtud de la estrategia del Gobierno de crear una gran empresa pública de vivienda. La cesión incluye 40.000 viviendas y 2.400 suelos urbanizables, lo que reducirá más del 70% de la cartera de Sareb. Sin embargo, Sepes no planea asumir los contratos de ‘servicing’ vigentes, tal y como confirmó su presidenta, Leire Iglesias, ante la Comisión de Vivienda del Congreso.
Por último, queda en el aire el futuro de los 299 empleados de Sareb. A día de hoy, no se ha aclarado si el traspaso de activos a Sepes incluirá una reubicación laboral o si supondrá un reajuste de plantilla, en un contexto de transformación total del modelo de gestión inmobiliaria de la sociedad pública.
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