Eugenia España, Head of Legal de Cofidis, charló con Open Hub News en el marco del 11º Congreso Nacional de Recuperación Judicial, organizado por CMS People y celebrado en Madrid el pasado 9 de abril. En esta entrevista, la experta analizó los principales desafíos que plantea la actual gestión de concursos de particulares, así como el notable incremento de los denominados “concursos sin masa”, que ya representan el 90% de los procesos concursales de personas físicas en España.
Eugenia España destacó la necesidad de mejorar los mecanismos de detección temprana de insolvencias, así como de dotar a los acreedores y jueces de herramientas más eficaces para evaluar la situación económica real del deudor. Asimismo, propuso reformas clave en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, como considerar la unidad familiar en los análisis de solvencia, exigir una documentación más detallada y reforzar el papel del plan de pagos como norma general frente a la exoneración de deudas.
¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los concursos de particulares en la práctica actual?
Los principales retos están primero en poder tener conocimiento de que uno de tus clientes se ha declarado en concurso, luego en poder hacer un análisis rápido de la situación y de valorar si solicitar que intervenga un administrador concursal o no, o de poder proponer o solicitar que haya un plan de pagos.
¿Cómo impactan los concursos sin masa y qué soluciones podrían implementarse?
Los concursos sin masa impactan enormemente, de hecho en España se ha multiplicado por 2 y por 3 en los últimos años y la declaración de los sin masa o las exoneraciones representan el 90% de los concursos de personas físicas. Esto es una proporción enorme sin precedentes comparado con el resto de Europa. Entonces el impacto es enorme no sólo para los acreedores, que es el impacto directo y a corto plazo, sino que es un impacto para toda la sociedad porque al final tiene una repercusión en lógica económica indirecta para todos. ¿Cuáles son los retos? Pues diría, sobre todo, poder controlar que efectivamente la persona que se declara que solicita el concurso esté en una situación de insolvencia. ¿Cuáles son los motivos de poder acreditar toda esta situación? Completar la documentación y la información económica que nos falta a los acreedores para poder hacer este análisis y a los jueces para poder hacer un control más exhaustivo.
“El impacto es enorme no sólo para los acreedores, que es el impacto directo y a corto plazo, sino que es un impacto para toda la sociedad”
¿Qué cambios propondrías en la regulación de la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad?
Yo propondría en personas físicas que se haga un análisis de la unidad familiar, no únicamente de uno de sus miembros. Luego de completar con un listado mucho más exhaustivo de qué tienen que acreditar exactamente, qué documentación tienen que aportar o al menos dar margen a los jueces para que puedan requerir mucho más y tal. Luego a las solicitudes de los concursos, que haya una parte mucho más económica, más descriptiva y ahí poder ver realmente cuáles son los flujos de entrada, los flujos de salida, qué ha pasado. Porque de repente estás en una situación de sobreendeudamiento, de tener que justificar la buena fe, no presumirla, todos estos aspectos. Que haya un control y los medios para que los jueces puedan controlar que efectivamente sí corresponde, por ejemplo, que haya un plan de pagos que sería la regla general, que tenga la obligación el deudor de proponer un plan de pagos total o parcial y que por lo tanto la exoneración sea una excepción a la regla general.
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