La institución busca acelerar la implantación de la moneda virtual europea con una nueva licitación de 6,2 millones de euros frente el avance de los sistemas de pago estadounidenses.
El Banco de España ha activado un nuevo concurso público, el tercero en apenas un mes, con el objetivo de reforzar el desarrollo del euro digital. En esta ocasión, el contrato asciende a 6,2 millones de euros y está dirigido a incorporar metodologías ágiles en el área de desarrollo de la divisa europea virtual. Las empresas interesadas tienen hasta el 25 de mayo para presentar sus propuestas, en un contexto marcado por la urgencia de adaptar las infraestructuras nacionales a las directrices del Banco Central Europeo (BCE).
Este movimiento se suma a otras adjudicaciones recientes que reflejan la magnitud de la apuesta institucional: la contratación de Indra por 3,63 millones y otra licitación en marcha para servicios de consultoría, que podría alcanzar los 58 millones de euros. En total, el coste comprometido para este despliegue roza ya los 70 millones, cifra que el supervisor nacional justifica por la complejidad y la criticidad del proyecto. La decisión se enmarca en una estrategia europea de respuesta al liderazgo estadounidense en tecnologías de pago.
Un paso más hacia el euro digital
Aunque todavía no existe una fecha oficial para la entrada en funcionamiento del euro digital, desde el BCE se insiste en la necesidad de acelerar el proceso. Voces como la del economista jefe Philip Lane o la del directivo Piero Cipollone alertan de los riesgos de no actuar con rapidez. En noviembre está prevista una nueva reunión clave del consejo de gobierno del BCE, donde se debatirán avances sobre el diseño de la plataforma tecnológica y la regulación necesaria para dar el siguiente paso.
El euro digital nace con la promesa de ofrecer un medio de pago seguro, incluso sin conexión a internet, y con garantías de privacidad para los usuarios. No obstante, las autoridades monetarias recalcan que no busca sustituir al efectivo, sino complementarlo. El Banco de España prevé que este nuevo contrato tenga una duración inicial de dos años, prorrogables por otros tres, y estima que serán necesarias más de 5.000 horas anuales de trabajo especializado, imposibles de asumir con recursos internos.
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