El sector de la recuperación de créditos se enfrenta a una transformación inminente en términos de regulación, a la cual se deberán adaptar en un futuro muy próximo y que cambiará ampliamente las reglas del juego. En este sentido, los servicers están empezando a realizar preparativos para asumir las modificaciones que impondrá dicha regulación.
Teniendo en cuenta este contexto, Open Hub News ha entrevistado a Carlos Ruiz Cabrera, Presidente de la Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Créditos (Angeco) para analizar esta situación, así como el impacto que tendrá la instauración de dicha normativa, a corto y largo plazo. Además, en la entrevista, el Presidente comparte sus proyecciones de futuro sobre el sector del crédito en general y las acciones que deberán tomar las empresas de este ámbito.
¿Cómo afectará la nueva regulación de los servicers en Europa y España a las empresas del sector?
La nueva regulación afectará de manera desigual según el país, lo cual es desafortunado, dado que una Directiva europea, como la de administradores de créditos, debería fomentar la armonización de las normativas en el sector de recuperación de créditos impagados. Precisamente, en mi reciente participación en el Congreso europeo de FENCA en Varsovia, quedó claro que cada país ha adoptado la normativa de manera diferente, lo que genera confusión para los inversores y complica la operativa en determinadas jurisdicciones.
En España, el borrador de la ley presenta tres aspectos especialmente preocupantes: en primer lugar, la posibilidad de que ciertas personas se liberen de su deuda pagando lo mismo que pagaría el comprador antes de la venta del portfolio; en segundo lugar, la equivocada percepción de que en el sector se gestionan contratos de crédito en lugar de deudas; y, finalmente, la errónea interpretación de las quejas de los prestatarios como reclamaciones de cualquier tipo que deban ser atendidas por el administrador de créditos. Esto último, sin duda, dificultará la adecuada atención a las solicitudes de los prestatarios, ya que se hace inviable gestionarlas de manera efectiva bajo este enfoque.
¿Qué cambios operativos cree que serán necesarios para cumplir con estas nuevas normativas?
España cuenta con un sector maduro en la gestión y recuperación de créditos, por lo que, en general, los ajustes no deberían ser sustanciales. Estos incluyen la formalización y envío de justificantes de pago, el aumento del control interno de los procesos, la redacción de la carta inicial al prestatario tras la venta de cartera, la adecuada formación y conocimiento del equipo directivo o la información que debe proporcionarse al comprador y al Banco de España en segundas ventas.
Las empresas asociadas a Angeco han desarrollado sus actividades para sus clientes con altos estándares de calidad operativa, otorgando un trato justo al deudor y garantizando la transparencia en la información enviada a los prestatarios. Sin embargo, el gran desafío será adaptarse al nuevo sistema de quejas establecido por la normativa española en el borrador. Una reclamación no atendida dentro del plazo estipulado puede dar lugar a sanciones por parte del Banco de España. Es crucial explicar, antes de la aprobación de la norma en España, que el concepto de quejas no debe incluir cualquier insatisfacción general de los prestatarios, sino limitarse a reclamaciones concretas relacionadas con infracciones de la normativa en la gestión de la deuda llevada a cabo por la empresa de recuperación. De no hacerlo, corremos el riesgo de enfrentar una avalancha de quejas que complicaría la actividad de recuperación y podría obstaculizar el objetivo de la Unión Europea de fomentar un mercado de venta de carteras en Europa.
¿Cómo se están preparando las empresas para adaptarse a estos nuevos marcos regulatorios?
Las empresas se están preparando mediante la dedicación de personas concretas de su organización y, por tanto, invirtiendo tiempo y esfuerzo en el estudio de la nueva regulación. No nos olvidemos que desde que entre en vigor la norma, la gestión de créditos financieros vendidos a terceros estará sujeta a licencia del Banco de España, que será el encargado de supervisar nuestra actividad. Por ello, es fundamental que estemos preparados con asesores que conozcan bien cómo funciona esta importante institución, tanto para la presentación de la solicitud de la licencia como en cualquier otra interacción que se mantenga con ellos. En este sentido es importante destacar que mientras no entre en vigor la ley que regulará la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, será el propio Banco de España el encargado de mediar entre los servicers y los prestatarios en relación con las reclamaciones no resueltas. Por ello se hace fundamental entender, a través de asesores especializados, cómo debemos cumplir con nuestras obligaciones. Asimismo, es clave realizar una autoevaluación de los requisitos formales exigidos por el borrador para la presentación de la licencia, pues puede tomar cierto tiempo su adaptación al tratarse de cambios demasiado burocráticos.
“Una Directiva europea, como la de administradores de créditos, debería fomentar la armonización de las normativas en el sector de recuperación de créditos impagados”
¿Qué iniciativas ha lanzado o tiene previstas Angeco para ayudar a sus miembros a enfrentar estos cambios regulatorios?
La regulación del sector es algo deseado desde hace años así que Angeco ha venido haciendo los deberes desde que se publicó la Directiva europea. Desde la Asociación se creó un Comité de trabajo que estudió la normativa y fijó la postura oficial del sector, que fue aprobada por su Asamblea General en el último trimestre de 2022. El Comité ha tenido un valor fundamental tras la publicación del borrador de la ley española en mayo de 2024, pues ha producido las alegaciones oficiales enviadas al Ministerio de Economía gracias a un trabajo técnico exquisito., Este trabajo da sentido a la propia existencia de Angeco, pues ha supuesto una colaboración ejemplar entre los asociados que han estado implicados. Queda culminar este trabajo a través de un deseable cambio del borrador de la ley en el sentido expresado en nuestras alegaciones, para lo cual el Comité seguirá trabajando hasta su aprobación en el Congreso. Para ello, seguimos hablando al más alto nivel con todos los stakeholders afectados por esta regulación.
¿Cómo visualiza el futuro del sector del crédito y la gestión de créditos en los próximos años?
Bajo mi punto de vista, la deuda procedente de créditos financieros, que supone aproximadamente el 85% del volumen gestionado por nuestros asociados, se mantendrá en niveles estables e incluso debería producirse un descenso progresivo en los próximos años. Esta impresión la sustento en, al menos, dos circunstancias. Por un lado, tras haber superado la crisis bancaria de 2008, creo que nos encontramos en los niveles normales de morosidad bancaria, similares a los previos a esa crisis. La alta regulación de los bancos, con alertas desde el mismo momento que un impago se produce para no ser penalizados en sus balances, provoca ese control de la mora. Por otro lado, pienso que la tasa de morosidad bancaria será aún más baja próximamente porque las entidades financieras contarán con herramientas tecnológicas que les permitirán predecir el impago. Me consta que ya hay bancos con esta tecnología, que estoy seguro de que mejorarán y afinarán en los próximos años. Además, probablemente esta información les permitirá ser más certeros en el análisis de la solvencia de los acreditados a la hora de tomar la decisión de financiar o no.
Como consecuencia de todo ello, si bien el mercado de compraventa de carteras seguirá siendo una herramienta muy útil para los bancos para que sus balances gocen de salud, el porcentaje de créditos que vendan se irá reduciendo, lo que probablemente provocará un menor número de administradores de crédito en el sector.
¿Considera que esta nueva regulación será un impulso para la modernización y transparencia del sector, o puede generar más desafíos que oportunidades?
La nueva regulación trae consigo tanto desafíos como oportunidades y ambos conceptos pueden convivir. Si bien es cierto que las grandes empresas, con mayores recursos, podrán adaptarse más fácilmente y aprovechar las oportunidades que surgen, las pequeñas empresas también tienen margen para beneficiarse. La clave estará en la agilidad y la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios.
Aunque cualquier nuevo requisito administrativo puede suponer un reto significativo para las empresas más pequeñas, estas tienen la ventaja de ser más flexibles y estar más cercanas a sus clientes, lo que les permitirá adoptar soluciones más personalizadas y eficientes. Además, la aportación de tecnología y el uso inteligente de la información pueden nivelar el campo de juego, permitiendo a las pequeñas empresas competir de manera más efectiva en un entorno regulado.
“La deuda procedente de créditos financieros debería producir un descenso progresivo en los próximos años”
¿Cómo está afectando la digitalización a la gestión de créditos y qué papel juega la tecnología en la adaptación a la regulación?
La nueva regulación nos obligará a implementar ciertos desarrollos tecnológicos, como herramientas que permitan a los prestatarios acceder a su justificante de pago de manera digital, eliminando la necesidad de enviarlo en formato físico.
Recuerdo que, en 2008, una empresa extranjera que quería iniciar su actividad de recuperación en España preguntó si era posible presentar demandas judiciales digitalmente. En ese momento, esa idea parecía una fantasía, algo reservado para países con sistemas judiciales mucho más avanzados. Hoy en día, esto es una práctica común en España.
Ahora bien, ¿ha transformado esta digitalización de los juzgados a nuestro sector? Diría que no. Algo similar ha ocurrido en otros ámbitos. Bajo mi punto de vista, la verdadera transformación debe venir de un uso más eficaz de la información que manejamos, para hacer nuestras operaciones más eficientes. Tenemos acceso a una gran cantidad de datos pero no los estamos utilizando para mejorar nuestras actividades de forma significativa. El error radica en seguir haciendo lo mismo de siempre.
Debemos ser capaces de conocer mejor al prestatario, incluidos sus canales de comunicación preferidos, para mejorar las tasas de recuperación. Esto se logra aprovechando de manera inteligente la información que procesamos. La clave es una negociación efectiva basada en datos, lo cual, además, contribuirá a evitar una mayor saturación del sistema judicial, que actualmente no es productivo para el objetivo de cualquier empresa de recuperación.
¿Qué cambios han notado en los patrones de pago y en la morosidad de los clientes a raíz de los cambios en los tipos de interés?
Como mencioné anteriormente, la morosidad se encuentra en niveles similares a los previos a la crisis de 2008. Recordemos que, tras aquella crisis global, en España se alcanzaron niveles de morosidad bancaria del 13,5%, mientras que actualmente nos situamos en torno al 3,5%. Los patrones de pago, por lo tanto, parecen mantenerse estables, sin cambios sustanciales a pesar de la subida de tipos, salvo ligeras alzas de puntos porcentuales en la tasa de morosidad.
Asimismo, hemos observado una creciente tendencia a la autogestión del deudor mediante aplicaciones digitales, lo que les permite realizar pagos sin necesidad de entablar conversaciones directas. Aun así, la empatía demostrada en el trato con el deudor sigue siendo un factor clave para alcanzar mayores tasas de éxito. Es fundamental que las empresas de recuperación mantengamos altos niveles de profesionalismo en nuestra interacción con los deudores ya que, en última instancia, les estamos ayudando a resolver un problema financiero.
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